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La llegada del 2021 —año electoral en México— supone el reacomodo territorial del crimen organizado en el país, que buscará influencia política a través del financiamiento de candidatos.
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Las elecciones estatales y federales por celebrarse el próximo 6 de junio se realizarán bajo el consentimiento del narco, señala la periodista y escritora mexicana, Anabel Hernández, en su columna en la agencia de noticias alemana Deutsche Welle (DW).
La autora del libro El Traidor (Grijalbo: 2019) explica que en las zonas donde se libran sangrientas batallas, los criminales emprenderán nuevas disputas más silenciosas, discretas, igual o más peligrosas: las del control político, a través del respaldo económico en campañas y la imposición de candidatos. Con esto a su favor, el narco estará en posibilidades de expandir su poderío, contrarrestar el de sus rivales y asegurarse zonas francas para el establecimiento de sus familias.
El interés del narco en los comicios también se debe a las facilidades para hacer inversiones en el sector industrial, comercial o inmobiliario, a través de empresas fantasma con las cuales lavan sus ganancias.
Ismael Zambada García, el “Mayo”, el silencioso y montaraz líder del Cártel de Sinaloa, por ejemplo, mantiene sus pasos en la oscuridad. Gracias a las empresas que ha podido constituir ilegalmente, y que son manejadas por su familia o prestanombres, ha sobrevivido largas décadas sin ser detenido.
Zonas rojas
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Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas conforman las 15 entidades donde se elegirán gobernadores.
Éstas, excepto Tlaxcala, son puntos neurálgicos en el tráfico y producción de drogas, por lo que los cárteles intentarán asegurarse tierra y espacio electoral.
El fenómeno de la filtración del narco en las urnas es de carácter regional. Según los expertos, los principales cárteles de la droga son confederaciones feudalizadas en permanente guerra entre sí. Lo suyo es el control del territorio local, por el momento. Esto no lo hace menos preocupante.
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Este año no es el primero en el que el narco pretende intervenir ostensiblemente en las elecciones. En 2018, se contabilizó la muerte de al menos 49 candidatos que fueron ejecutados con usos y costumbres del crimen organizado. Claramente, estos asesinatos fueron una medida extrema en un proceso de desencuentros entre la clase política y el poder criminal local.
Votos y balas
A decir de Hernández, la penetración del narcotráfico en el gobierno se ha podido comprobar en los últimos años. Uno de los casos más significativos, ejemplifica la escritora, ha sido el de Lucero Sánchez López, la ex diputada del partido conservador PAN por Sinaloa, y supuesta amante de Joaquín el “Chapo” Guzmán.
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La historia política de la ex legisladora fue algo inusual. Empleada de una modesta empresa de bienes y raíces, en 2011, tras un fugaz paso por el PRI, ingresó en el PAN. Y apenas año y medio después, en las elecciones de julio de 2014, logró convertirse en la diputada más joven de la historia de Sinaloa.
Su fulgurante éxito pronto encontró su anverso. Al poco de recibir el escaño, su esposo fue asesinado a balazos a la salida de su casa. Nadie sabe si por aquellas fechas ya conocía al fundador del Cártel de Sinaloa.
El narco en las urnas
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Once cárteles se reparten el territorio mexicano: los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los mas fuertes, según un mapa publicado en septiembre del 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); sin embargo, en entidades como Guerrero hay más de 80 células delictivas peleándose por la plaza.
Territorialmente hay restos de los Beltrán Leyva en Guerrero, Sonora y Sinaloa. Fragmentos de Los Zetas que se disputan los territorios de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Coahuila Zacatecas y San Luis Potosí con gatilleros del Cártel del Golfo y de su antiguo brazo armado Cártel del Noreste. En la capital mexicana ha emergido el grupo delictivo la Unión Tepito, que convive en el territorio con el CJNG y Cártel de Sinaloa.
No obstante, la organización criminal encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, es el más poderoso, ante la debilidad de Sinaloa y el Golfo. Actualmente tiene presencia en 24 estados, entre ellos Michoacán, ubicado al centro oeste de México.
Este estado, es uno de los 15 donde habrá elecciones para renovar gobernador, diputados locales, alcaldes y sindicaturas. Desde hace meses ha sido fuertemente golpeado por el crimen organizado. El CJNG y Cárteles Unidos han mantenido una disputa por el control del territorio —rodeado por Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Colima— que ha situado a la entidad como una de las más violentas del país.
Narco financiamiento, un flujo que no termina
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De acuerdo con Anabel Hernández, el narco financiamiento a las campañas electorales es directo o indirecto, es decir, en la primera modalidad, el dinero pertenece a los capos de la droga o a sus hombres más cercanos.
El financiamiento indirecto, en cambio, lo hacen a través de empresarios que se convierten en mecenas de los candidatos a cambio de contratos y/o prerrogativas del gobierno del ganador que patrocinaron, así como protección al grupo que representan, puntualiza Hernández.
La escritora, que desde hace años ha publicado sobre las conexiones del narco con la política mexicana, asegura que aunque cada cártel tiene su candidato favorito, los cabecillas criminales aportan recursos a todos los aspirantes, “es como tener una veladora encendida a cada Santo”, refiere.
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