El último período de elecciones fue el más violento en la historia reciente de México, dejando una estela de miedo y agresiones a candidatos, precandidatos y políticos que fueron parte del proceso criminal que todavía se vive en el país por la fragmentación y reacomodo de los cárteles de la droga.
La campaña política de 2018 registró un saldo de 152 políticos asesinados -48 precandidatos y candidatos- y 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos, según el informe de la consultora Etellekt.
Lo hallado por la consultora reflejó que el 90% de las agresiones documentadas en su informe fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local, y esto lo atribuyó al interés de la delincuencia organizada por controlar políticamente a las localidades mediante las policías, así como los servicios de agua y electricidad.
También reflejó que la violencia contra los políticos se concentró en determinados municipios conectados entre sí, lo que implicó que se trató de tener determinado blindaje y control.
La violencia política en el proceso electoral 2018 tampoco discriminó por sexo: de los 28 precandidatos asesinados, 17 eran mujeres.
Uno de los asesinatos que impactó durante la campaña fue el del Fernando Purón Johnston, candidato a Diputado Federal por Coahuila. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que un hombre se acerca y le da un tiro en la nuca mientras se tomaba una fotografía con una seguidora.
Otro caso fue el de Sebastián Alejandro Espejel Gómez, candidato del derechista Partido Acción Nacional (PAN) a regidor del Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México. A quien asesinaron a tiros y abandonaron su cuerpo afuera de un local comercial.
Incluso el domingo 1 de julio de 2018, día de la jornada electoral, se reportaron al menos 138 agresiones y 7 asesinatos en 26 entidades.
Posterior a la jornada electoral fueron asesinados Zenón Cocula Fierros, regidor electo de Morena en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; Elíseo Delgado Sánchez, alcalde electo de Buenavista, Michoacán; y José Medel Jiménez, presidente del comisariado de bienes comunales de la localidad de San Miguel Chimalpa, Oaxaca; sólo por mencionar algunos.
La mayoría de los políticos asesinados pertenecían a la coalición PRI-PVEM-NA; luego 39 eran de la coalición PAN-PRD-MC; 20 de Morena-PT-PES; y 13 eran del resto de los partidos.
Los estados en los que se reportaron más casos de agresiones contra políticos fueron Puebla (62), Guerrero (53) y el Estado de México, con 40. Por el contrario, el que parece ser más seguro para los políticos fue Nuevo León, pues ahí no se informó de ninguna agresión. En lo que respecta a los asesinatos, la mayoría tuvo lugar en Guerrero (27) y Oaxaca (19).
Los asesinados en el periodo electoral (152 políticos y 371 funcionarios) representaron el 2.5 por ciento del total de homicidios dolosos registrados en todo el país de septiembre de 2017 a mayo de este año, donde se reportaron 20,439 casos. Esto último se traduce en que durante ese periodo, de cada 100 homicidios dolosos más de dos fueron contra políticos o funcionarios.
Las llamadas de atención sobre la violencia electoral en México, durante el proceso electoral 2017-2018, vinieron de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA). En mayo de 2018 la CIDH emitió un comunicado de prensa titulado CIDH observa violencia durante el proceso electoral en México.
Los asesinatos ocurrieron a lo largo y ancho del país, abarcando las 32 entidades federativas y 566 municipios. Del total de políticos asesinados, 28 eran precandidatos, 20 candidatos, 15 aspiraban a un cargo municipal, 4 a diputaciones y uno más a diputación federal.
De hecho gracias a esas elecciones los asesinatos de políticos en el país aumentaron un 55% en 2018, pues en el año anterior fueron 15 víctimas. De los 159 asesinatos, 23 correspondieron a mujeres y 136 a hombres, señaló el reporte que registró datos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
Estos homicidios pusieron en riesgo a nivel local la celebración de los comicios además de aterrorizar a los ciudadanos de los municipios y distritos por el que las víctimas buscaban participar, e incluso inhibir la participación ciudadana en los comicios.
Algunos expertos opinan que el asesinato de políticos puede afectar tanto la oferta (es decir, las candidaturas), como la demanda (la votación), en el proceso político, así como la calidad de los gobiernos municipales y sus múltiples resultados socioeconómicos.
En septiembre de 2020 inició el Proceso Electoral para renovar la Cámara de Diputados, además de gubernaturas, ayuntamientos y alcaldías en los 32 estados del país. La Jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2021, siendo estas votaciones las más importantes del país.
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