Todo fue un montaje: después de medio año liberaron a las indígenas tzotziles falsamente acusadas de trata en el caso Dylan

Las víctimas, todas miembros de la misma familia, pasaron meses encerradas injustamente; su padre, detenido en las mismas circunstancias, falleció dentro de la prisión y presentaba signos de tortura

Foto: Infobae México.
Foto: Infobae México.

Casi medio año fue lo que tardó la Fiscalía del Estado de Chiapas para reconocer que las integrantes de una familia indígena tzotzil, que todo ese tiempo estuvieron detenidas injustamente por delito de trata de menores, son en realidad inocentes. Y apenas el pasado 23 de diciembre fueron liberadas.

El pasado mes de julio Josefa Sánchez Gómez, Juana Montejo González, María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Adolfo Gómez –quien falleció estando encarcelado, su cuerpo presentaba señales de tortura– fueron detenidos por supuesto delito de trata de menores en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pero todo fue un montaje.

Todo comenzó con las investigaciones de búsqueda del pequeño Dylan Esaú ––desapareció el 30 de junio en San Cristóbal; fue recuperado el 14 de agosto en un poblado vecino––. En el marco de ese caso, la fiscalía chiapaneca anunció que, mientras buscaban al menor, habían logrado desarticular una supuesta red de trata, con la que habían dado al catear, el 17 de julio, una casa en el popular municipio. De dicho operativo había derivado también el presunto rescate de 23 menores.

Sin embargo, días después quedó comprobado que esa versión era una farsa: en la casa cateada vivían cinco familias de origen tzotzil, todas originarias de Chictón, una comunidad en el municipio de Ixtapa que se encuentra como a una hora y 20 minutos de San Cristóbal. La familia estaba conformada por los abuelos, Adolfo y Josefa, sus hijos y sus respectivas parejas, y sus nietos, los niños que los elementos de seguridad supuestamente rescataron y llevaron a las instalaciones del DIF estatal.

Esta familia rentaba la casa cateada y diariamente, todos los integrantes, salían a vender artesanías.

El 15 de julio, mientras trabajaba en la vía pública, fue detenido –prácticamente con engaños– Adolfo Gómez (57). Josefa Sánchez, su esposa, fue ese mismo día a sacarlo de la cárcel; también la detuvieron. Dos días después, a raíz del cateo, la policía detuvo a dos de sus hijas (María Hortensia y Maribel) y a una nuera (Juana Montejo), y se llevaron a los 23 niños.

Después, Adolfo Gómez apareció muerto en su celda el 27 de julio. La fiscalía, en un primer momento, concluyó que el fallecimiento había sido por suicidio. Sin embargo, cuando entregaron el cuerpo de Adolfo a sus familiares, tenía signos de violencia y tortura: sangre, moretones, incluso una herida en la cabeza.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), explicaba a Infobae que, para que la fiscalía actuara como lo hizo, tenía que contar con al menos tres elementos cruciales: las alertas Amber de los menores o denuncias de su desaparición; tener evidencia documentada de los trabajos forzados que se denunciaban; y la certeza de que los acusados no estaban emparentados con los menores. Nada de eso se comprobó en ningún momento.

El 14 de agosto, cuando anunciaron la recuperación de Dylan, el fiscal de Chiapas, Jorge Llaven Abarca señaló que este caso de la familia tzotzil era distinto al de Dylan y que la situación de los menores que se encontraban resguardados en el DIF se estaba tratando en una carpeta de investigación diferente, que seguía la línea de delito de trata de personas en modalidad de trabajo forzado. Apuntaba incluso que el hecho de que estuvieran emparentados no eximía a las detenidas de ser juzgadas por explotación infantil.

Juana Pérez con su hijo, el pequeño Dylan, el día que fue encontrado (Foto: Judith Coronel)
Juana Pérez con su hijo, el pequeño Dylan, el día que fue encontrado (Foto: Judith Coronel)

Entonces esa versión fue sostenida por la fiscalía estatal hasta este 23 de diciembre, casi medio año después, que la dependencia solicitó el desistimiento de la acción penal a favor de Josefa, Juana, María Hortencia y Maribel, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión contra otros seis miembros de esa familia.

La fiscalía (por fin) aceptó que no había ningún elemento de prueba (como se comprobó casi desde el inicio) para sostener la acusación en contra de esas personas por el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados, y reconoció que la dinámica familiar –en la que todos los integrantes del núcleo trabajan vendiendo artesanías, incluidos los menores– de dichas personas no representaban un delito de trata, sino una forma de vida y trabajo conforme a los usos y costumbres de los pueblos originarios.

Desde las asociaciones civiles ‘Colectiva Cereza’ y ‘Melel Xojobal’ –grupos que acompañaron y asesoraron a la familia tzotzil durante todo el proceso legal– reclamaron que el cambio de postura de la fiscalía llega tarde y no repara de ninguna manera el daño infligido a los Gómez Sánchez, condenando la criminalización de la que fueron víctimas ellos y, en general, la comunidad de Chictón.

Además, exigen la investigación de la violación a derechos humanos de los que fueron objeto las personas detenidas y menores separados de sus padres.

La FGE sabía que eran inocentes y construyó una carpeta de investigación por el delito de contra la salud en contra de Adolfo y Josefa, el abuelo y abuela de la familia, para intentar tapar su detención arbitraria”, denunciaron las organizaciones en un comunicado.

Jorge Llaven, fiscal de Chiapas (Archivo)
Jorge Llaven, fiscal de Chiapas (Archivo)

También denunciaron la responsabilidad del fiscal chiapaneco Jorge Llaven Abarca quien, señalan, fabricó y mantuvo la falsa acusación en contra de esta familia, así como del ex Juez de Control de la dependencia, Gabriel Grajales, a quien acusan de complicidad con la fiscalía al otorgar la orden de cateo y las posteriores órdenes de aprehensión a sabiendas de que no existían elementos de prueba.

“El caso de la familia Gómez revela la institucionalización de la detención arbitraria, la tortura y la fabricación de carpetas de investigación, así como la criminalización de la población indígena, empobrecida y víctima de la violencia estructural no remediada por el Estado y convierte al aparato de justicia en un reproductor de la desigualdad social existente históricamente en Chiapas”, advirtieron las organizaciones.

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