Así fracasó el sistema que vigilaba a los usuarios de telefonía celular en el sexenio de Calderón y que Morena acaba de revivir

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que será obligatorio y con el que ligarán la CURP e incluso datos biométricos a la línea contratada. La iniciativa fue propuesta por Mario Delgado, ex coordinador de los diputados de Morena, pero esta ha sido considerada como una reedición del Renaut, creado por Felipe Calderón en 2008 y que fracasó años más tarde.

Durante su sexenio, Calderón Hinojosa motivó este registro con el objetivo de ayudar a la prevención y persecución de delitos como el secuestro y las extorsiones telefónicas. Su nombre era Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), el cual fue hecho público por medio de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En este documento se establecía que a partir del 11 de abril del 2009, todas las personas que fueran poseedoras de una línea telefónica debían registrarla. Los datos que se pedían eran nombres y apellidos, fecha de nacimiento y CURP. Además, también se obligaba a las empresas de telefonía a crear un padrón de usuarios.

El primer problema que surgió respecto a este tema fue que tras 10 meses de que iniciara el programa, únicamente 20 millones de líneas telefónicas en el país habían sido registradas e incluso algunas empresas se ampararon para no llevar a cabo este procedimiento.

Sin embargo, también en el 2010 se informó que la base de datos del Renaut era vendida a través de internet por 500 pesos y los compradores la recibían a través de un correo electrónico o en la puerta de sus casas por medio de correo tradicional contenida en un DVD.

Este hecho ocasionó que se pusiera en el centro de la polémica al ex presidente Calderón, pues de acuerdo con especialistas en temas de seguridad, se abría la posibilidad de que los datos se vendieran al mercado negro y fueran utilizados para el motivo contrario al que fueron concebidos, es decir, la extorsión y el secuestro.

Ante este panorama, el 2 de marzo del 2012, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), actualmente Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Indormación y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó la eliminación del Renaut.

Tras la aprobación de los diputados a la reforma, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) emitió su postura al respecto y señaló que se trata de “una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones”, el cual no incidió en la reducción del crimen, pues durante su operación, argumentaron, el delito de extorsión aumentó un 40% y el de secuestro un ocho por ciento.

Sin embargo, la premisa del combate a la delincuencia y la colaboración con las autoridades en materia de seguridad y justicia volvió a figurar entre los comentarios de los legisladores en torno a la reforma. Según el dictamen, la base de datos será operada y regulada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

De acuerdo con la iniciativa que pasó al Senado para ser discutida en 2021, el padrón contendrá 10 datos diferentes: número de línea telefónica móvil; fecha y hora de la activación de la línea con la tarjeta SIM; nombre completo o razón social del usuario; nacionalidad; número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Registro de Población (CURP).

Además, contará con los datos biométricos del usuario o del representante legal de la persona moral, domicilio, los datos del concesionario de telecomunicaciones y el esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea postpago o prepago.

Para mantener los datos actualizados, los concesionarios deberán suministrar información relativa a altas, bajas, cambios de propietarios, robos y extravíos, aunque el instituto sólo podrá dar datos de quien aparezca como propietario o acredite algún interés jurídico.

Asimismo, se sancionará a quien efectúe la inscripción de su línea telefónica de manera extemporánea, no realice el procedimiento o haga uso indebido de las constancias, documentos y medios de identificación relacionados con el registro de la línea.

Los operadores como Telcel y AT&T tendrán un plazo de hasta dos años para realizar el registro de todas sus líneas. Para ello, los usuarios deberán presentarse con el operador para entregar la documentación y en caso de que su línea no esté vinculada a sus datos biométricos, ésta será cancelada después de un par de años.

Tras la aprobación del dictamen, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadana, dijo que este padrón “es una salida falsa que podría generar un problema mayor al incluir datos biométricos de los usuarios”. En este sentido, su compañero de bancada, Higinio del Toro, puntualizó que en otros países se han cancelado estas iniciativas por considerarlas violatorias de los derechos humanos.

Sobre este asunto, la R3D citó a organismos internacionales de derechos humanos, como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la ONU, la cual ha advertido que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona “compromete el derecho a comunicarse de manera anónima y facilita el monitoreo de la población, lo cual vulnera el derecho a la libertad de expresión, a la privacidad y hasta a la vida”.

También mencionaron que actualmente se cuentan con herramientas para combatir los delitos mencionados, como la localización geográfica de los dispositivos en tiempo real y el acceso a datos conservados por los concesionarios, además de que sólo 17 países del mundo exigen algún tipo de identificación biométrica, como China y Venezuela, entre otros, y la lista “no incluye a ninguna nación plenamente libre y democrática”.

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