Este lunes, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador presumió que “no hay en el corto plazo ningún riesgo de saturación en la Ciudad de México, es decir, hay camas, hay equipos, hay médicos”. Pero la capital del país reportó 206 mil 204 casos acumulados hasta el 29 de noviembre y 13 mil 509 defunciones y una ocupación hospitalaria promedio del 53 por ciento, con 20 hospitales sobresaturados, sin capacidad de atención y gente formada en la calle para poder acceder a los centros de salud.
Los pacientes de Covid-19 en la Ciudad de México representan el 17 por ciento del total nacional. Tan sólo en la última semana, el promedio de ocupación hospitalaria incrementó en cuatro puntos porcentuales. Es la misma semana en la que los casos debieron haber comenzado a descender por la aplicación de nuevas limitaciones de comercio y circulación en la CDMX. En otras palabras, dos semanas después del Buen Fin, el Gobierno de la Ciudad de México esperaba ver un descenso en las cifras de contagios y hospitalizaciones.
Aun con estas cifras, los gobiernos federal y capitalino han pasado tres semanas negociando el paso a semáforo rojo. Este “retroceso” en la estrategia de atención limitaría la movilidad al suspender por completo, y no sólo un porcentaje de su aforo, actividades no esenciales como cines, gimnasios, casinos, estéticas y tiendas departamentales.
En la misma línea de autocomplacencia, el presidente dijo que su administración ha sido atenta con los incrementos de contagios en distintas entidades y que han tenido la capacidad de actuar con rapidez para “reforzar” la atención en caso necesario. Presumió que “fue el caso de Tabasco, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y, ahora, en la Ciudad de México estamos pendientes y, si hace falta, reforzamos”.
Esos refuerzos son la implementación de los Centros de Atención Temporal Covid-19, que forman parte de los comandos de seguridad en salud de la Secretaría de Salud. Sin embargo, la Ciudad de México ya tiene un despliegue de estas unidades de atención y, de hecho, estas son algunos de los centros que reportan una ocupación “crítica”.

La única estrategia que el gobierno capitalino ha podido implementar de forma efectiva es el programa de quioscos de asesoría médica en las colonias de atención prioritaria. Este plan fue reforzado el 15 de noviembre para aplicar pruebas rápidas de detección a cualquier persona que las necesite.
Los quioscos, junto con el programa de códigos QR, pretenden detectar casos y frenar la cadena de contagios, pero no es posible hacerlo si las personas siguen circulando con normalidad.
Por supuesto, cerrar los establecimientos de nuevo tendría un impacto económico grave para los capitalinos que no pueden darse el lujo de quedarse en casa. Sobre ese punto, el medio Vox destaca el caso de Vermont, en Estados Unidos, y argumenta lo que ha surgido como una de las únicas verdades absolutas de la pandemia, las medidas de salud pública deben adaptarse para atender a las poblaciones vulnerables.
El estado norteamericano implementó una política de apoyos diseñada específicamente para atender a las personas en situación de calle y a los que trabajan en la industria de los “servicios esenciales” como supermercados, entrega de alimentos y abarrotes. Las medidas incluyen concesiones públicas con moteles para hospedar a personas en situación de calle, compensaciones económicas para población de riesgo y desempleados, reparto gratuito de alimentos y la aplicación de pruebas gratuitas en comunidades con alto índice de contagio.
“Desde luego, no queremos que la gente se enferme y que vaya a los hospitales, aunque tengamos espacio, lo que queremos es que no nos contaminemos, no nos afectemos, no haya infecciones, en fin, que no haya casos por covid”, declaró el titular del mismo gobierno federal que se ha resistido a implementar un plan de apoyos para que las personas puedan quedarse en casa sin sacrificar su sustento.
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