
Este lunes, durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber tenido influencia sobre la solicitud de extradición que la Fiscalía General de la República hizo a Estados Unidos. La petición está vinculada a la orden de aprehensión del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, por sospecha del delito de enriquecimiento ilícito.
“No tengo conocimiento. Es un proceso que lleva la Fiscalía y se actúa, en este y en otros casos, con independencia, con autonomía. Es los que puedo comentar”, dijo el presidente.
El domingo 29 de noviembre trascendió que, la semana pasada, la FGR solicitó a Estados Unidos la extradición del exsecretario y que enriquecimiento ilícito no es el único asunto donde el ex secretario es investigado.
Funcionarios de la FGR indicaron que una juez federal del Estado de México otorgó la orden de captura, debido a que el ex funcionario no demostró el origen de 27 millones de pesos que fueron utilizados para la compra de bienes inmuebles en México.

De acuerdo a la FGR, las declaraciones patrimoniales del ex secretario de Estado, “evidentemente no coincidían con lo que él había percibido por salarios y otros ingresos”.
Durante la conferencia del 14 de octubre, López Obrador dijo que, dos días antes de que finalizara el mandato de Felipe Calderón, su administración aprobó el pago de 19 millones de dólares por un curso de capacitación de hora y media a una empresa relacionada con García Luna, imputado actualmente por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
También, el gobierno de Enrique Peña Nieto le otorgó 10 contratos por más de 402 millones de dólares a la empresa Nunvav, hoy investigada por la FGR, y dos secretarías de Estado por presuntos vínculos con el ex secretario de Seguridad, procesado en Estados Unidos por recibir sobornos del narcotráfico.

Mientras Felipe Calderón Hinojosa encabezó la Presidencia de la República, Genaro García Luna fue una pieza fundamental en muchos aspectos de su Gobierno. Éste ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública y hoy se encuentra preso en Nueva York, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo detuvieran el pasado 10 de diciembre de 2019, acusándolo de tres cargos relacionados con el narcotráfico y uno más por perjurio.
García Luna fue detenido en Dallas, Texas, después de que presentaran cargos en su contra en Nueva York por conspirar para traficar con drogas y realizar declaraciones falsas, además de haber recibido millones de dólares del cártel de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
En Estados Unidos, García Luna habría tratado de ocultar la ayuda prestada a traficantes de droga, por lo que podría enfrentarse a una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Según las investigaciones, a cambio de los sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo pasaje seguro para sus envíos de droga, así como información legal sensible sobre las investigaciones abiertas contra el cártel y grupos rivales.
Los funcionarios de FGR dejaron claro que el ex funcionario primero deberá enfrentar su juicio en Estados Unidos y después esa nación decidirá si lo extradita o no a México.

Además del caso García Luna, el presidente presumió que su gobierno “ya detuvo prácticamente a todos los que participaron en el atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México. Ya se tiene detenidos a prácticamente todos, y a los jefes, de los que participaron en el asesinato de mujeres y de niños en Sonora, en Bavispe, y así se está trabajando. No hay impunidad para nadie”.
En el caso de la Ciudad de México, así como en el resto del país, el presidente asegura que los problemas de violencia y corrupción son problemas heredados por administraciones anteriores. Y está confiado en que la procuración de justicia bajo su gobierno es la adecuada.
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