No han sido las mejores semanas para el ex presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Y es que el Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro de “México Libre”, organización política que encabezaba su esposa, Margarita Zavala, y con la que pretendía ser una fuerza opositora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Cabe destacar que esta decisión fue ratificada el 14 de octubre por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Pero ahora, el ex mandatario panista podría ser enjuiciado, junto con otros altos mandos militares y funcionarios de seguridad de su administración, por crímenes de guerra y lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos.
Esto debido a que a finales de 2011 (un año antes de que terminará su sexenio) un grupo de abogados presentaron ante la CPI una serie de pruebas de que su llamada “Guerra contra el Narcotráfico” dejó crímenes cometidos presuntamente por agentes del Estado, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y migración forzosa.
La petición de justicia fue respaldada entonces por más de 20 mil mexicanos a través de firmas, entre los que destacan la del actual consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra; la ahora secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; la consejera de la Judicatura Federal, Loretta Ortiz Ahlf; y el director del Instituto de Defensoría Pública Federal del Consejo de la Judicatura Federal, Netzaí Sandoval Ballesteros, por mencionar algunos.
De acuerdo con la periodista Nancy Flores del portal Contralínea, la fecha clave será el próximo viernes 20 de noviembre, pues se cumplirán nueve años de aquella exigencia de justicia.
Para Flores, la Comisión designada por la Fiscalía ha tenido todo ese tiempo para revisar ésta y otras comunicaciones (con evidencias) que diversas organizaciones internacionales y mexicanas defensoras de derechos humanos remitieron en ese mismo sentido a la CPI.
Será entonces esa Comisión la que elabore un análisis preliminar y después pase a la Fiscalía de la Corte, donde se determinaría si hay crímenes internacionales de lesa humanidad y crímenes de guerra que, de confirmarse, en esta primer etapa ese tribunal internacional solicitaría a las autoridades del país, en este caso al Estado mexicano, que enjuicie a los responsables de tales violaciones a derechos humanos.
Es decir, la CPI no acepta denuncias como tales, pero sí recibe y analiza comunicaciones de la sociedad u organizaciones civiles o de Estados, en donde soliciten su intervención para la aplicación de la justicia que les ha sido negada en sus países.
Incluso, hace unos días el doctor en derecho José Antonio Guevara Bermúdez señaló en entrevista para portal Contralínea que el presidente López Obrador puede solicitar al CPI que se acelere la investigación contra Calderón Hinojosa.
Ello estaría acorde con otro proceso que se discute en México, en donde el gobierno de López Obrador convocó a la población a que emita su voto si quiere que se juzgue a los últimos cinco expresidentes (Calderón entre ellos) por los posibles delitos que cometieron.
Además, Guevara Bermúdez indicó que es insostenible que la CPI aún no abra el examen sobre la situación de México:
Explicó que México es parte del Estatuto de Roma, que contempla la capacidad o la competencia de la CPI para investigar, procesar y castigar este tipo de delitos
Al respecto, el mismo Felipe Calderón ha declarado reiteradamente en su defensa que él nunca dio órdenes de matar o desaparecer a alguien.
Desde 1998, la CPI conoce y juzga los agravios considerados “más graves” y que son de trascendencia internacional: crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión.
Hasta la fecha, ningún caso de México ha llegado al tribunal internacional de justicia. De hecho, actualmente éste sólo conoce de dos situaciones de países de América Latina (Colombia y Guatemala).
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