El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió un nuevo e importante revés en las cortes este lunes, ya que un juez federal amparó a dos empresas de energías limpias que habían impugnado un acuerdo energético de la actual administración que les impedía entrar en el mercado eléctrico de México.
La Justicia de la Unión amparó por lo tanto a Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
Además, el juzgador resolvió que su sentencia debe tener “efectos generales”, por lo que frenó de seco una de las principales instrumentaciones de la Secretaría de Energía (Sener), en otro golpe más a la dependencia, cuyos empeños por impedir la entrada de empresas han sido detenidos en diversos aspectos por otros jueces federales e incluso por la Suprema Corte.
“Los efectos de esta sentencia de amparo, a pesar de que en este juicio la protección constitucional se solicitó únicamente por dos empresas que participan dentro del mercado eléctrico mayorista, debe tener efectos generales”, indicó en su sentencia el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.
En su argumentación, la autoridad judicial indicó que, de otorgar la protección constitucional con efectos concretos para las quejosas, "no sólo estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás participantes del mercado eléctrico mayorista”, sino que, además, “podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector”.
Y es que las empresas habían iniciado un juicio de amparo tras la publicación el 29 de abril pasado por parte de Centro Nacional de Control y Energía (Cenace) del Acuerdo para garantizar la eficiencia, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
En dicho acuerdo, se enuncian, en el Anexo Único Técnico, las acciones y estrategias de control operativo para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Las compañías se mostraron absolutamente en contra de la acción quinta, que indica que a partir del 3 de mayo pasado “quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas Intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial”.
“Asimismo, para aquellas que no han iniciado, no se autorizarán pruebas preoperativas”, añade el texto. El Acuerdo cita procedimientos de seguridad por el coronavirus. Este movimiento, indicó en su momento la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el órgano antimonopolio del país, encarecerá la electricidad del país.
“Al limitar la participación de nuevas empresas en el mercado eléctrico mayorista y la operación de centrales eólicas y fotovoltaicas ya existentes, se evita que se den las condiciones necesarias para que se mejore la calidad del servicio de suministro básico y se reduzcan las tarifas que deben pagar por dicho servicio”, explicó por su parte el juez federal en su sentencia.
El juzgador además requirió a las autoridades que cumplan con su sentencia. “Se requiere al Cenace para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que cause ejecutoria este fallo, acredite haber hecho del conocimiento de todos los participantes del mercado eléctrico mayorista que el Acuerdo reclamado ha quedado sin efectos”.
La intención del gobierno de López Obrador con este tipo de políticas ha sido las de consolidar a las empresas productivas del Estado: la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y Pemex (Petróleos Mexicanos), algo que sus críticos han señalado como un retroceso, debido a que se ha apoyado en fuentes de energía que no cumplen con los objetivos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible.
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