La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México acusó este viernes a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM) por omisiones en el caso de dos migrantes mexicanas que sufrieron cirugías forzadas en Estados Unidos.
La CNDH documentó que las mujeres estaban en el centro de detención de migrantes de Irwin, Georgia, “donde fueron objeto de procedimientos médicos que consideraron irregulares”, pero el Consulado de México en Atlanta no respondió a sus llamadas para recibir asistencia.
Además de su deportación, añadió la comisión, una de ellas informó al INM que tres días antes le habían realizado una cirugía, pero solo la revisó una enfermera y después le ordenaron subir a un autobús para llevarla a “su destino” no especificado.
“A su llegada a México, tuvieron contacto con servidores públicos de la SRE, a quienes informaron del trato recibido en el centro de detención estadounidense, indicándoles que posteriormente se comunicarían con ellas, pero hasta el momento de la entrevista con funcionarios de la CNDH no habían recibido apoyo”, aseveró.
Aunque no se precisó la operación, el pronunciamiento ocurre en el contexto en el que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afronta acusaciones por abusos contra mujeres migrantes, incluyendo histerectomías forzadas y violaciones.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó el pasado 22 de septiembre que el servicio consular de México en Estados Unidos ya se ha entrevistado con “seis de las que potencialmente podrían haber estado sujetas a este procedimiento” y que seguiría contactando a otras mujeres.
Antes, el Gobierno mexicano exigió a Washington aclarar los abusos y aseguró que su red consular analizaba presuntas violaciones de derechos humanos en Atlanta, Georgia, y El Paso, Texas, donde además hay mujeres que acusan de violencia sexual a agentes migratorios.
Sin embargo, la CNDH denunció “posibles actos u omisiones” de personal de la SRE y el INM por “no proporcionar ayuda a las víctimas”, cuyas identidades y lugar de procedencia no reveló.
“En razón de los hechos, ambas mujeres presentaron queja ante este organismo nacional, el cual dará puntual seguimiento a la investigación y apoyo a las víctimas”, indicó la comisión.
Organizaciones civiles fueron las primeras en presentar, el 14 de septiembre, una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) basada en el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en la prisión de Georgia, donde denunció la extirpación del útero para esterilizar a mujeres.
La CNDH conoció los hechos tras contactar a agrupaciones en Estados Unidos y Canadá.
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