El caso de Michel Aylin, una niña de tres años que fue violada y asesinada el domingo 27 de septiembre en Tepic, Nayarit, reabrió un debate que había estado en la congeladora desde hace varios meses en el Congreso del estado: la implementación de la castración química para los violadores.
De acuerdo con información del diario El Universal, la iniciativa e incluir esta figura en el Código Penal de la entidad fue propuesta por el diputado panista, Rodolfo Pedroza Ramírez, en marzo del 2019, como una medida cautelar para quien cometa el acto de violación en contra de mujeres y menores de edad; sin embargo, desde entonces se quedó detenida en comisiones.
Además, un asunto que resultó aún más preocupante para el legislador fue el hecho de que al desarrollar la iniciativa, se dio cuenta de que la mayoría de violaciones ocurren en el entorno familiar o círculo cercano de las víctimas. Según datos de la fiscalía local, los abusos sexuales en este ámbito representan el 75% de los casos de violación denunciados.
“Entiendo el tema de los derechos humanos de los delincuentes, pero creo que también tenemos que pensar en las víctimas y tratar de controlar este tipo de conductas”, comentó para el medio de comunicación.
Cabe señalar que no es la única entidad del país en el que se ha tratado este asunto. En septiembre del año pasado, en el Congreso de la Ciudad de México se propuso una iniciativa para implementar la castración química a violadores, la cual fue turnada a comisiones para su análisis, pero igualmente ha quedado congelada.
A inicios de este mes, en el estado de Puebla, el diputado local por el Partido del Trabajo, José Juan Espinosa Torres, presentó una iniciativa al Congreso local de castración química para pedófilos. Su propuesta plantea aplicar tratamiento farmacológico para reducir libido, así como la actividad y el deseo sexual.
“La castración química surge como una posibilidad para el manejo de la pedofilia y la pederastia. Consiste en un tratamiento médico hormonal, aplicado para disminuir los niveles de testosterona, la libido y, por ende, la actividad sexual y, como resultado final, reducir las agresiones sexuales de alta incidencia en el mundo”, explicó el diputado.
El funcionario detalló que el tratamiento sería administrado de manera permanente por la Secretaría del Estado, pero ese no sería el único castigo, pues también se impondrían multas de 800 a 2,500 salarios mínimos, así como 12 años de prisión: “Ya basta de tibieza para combatir conductas perversas que lastiman a las y los niños de nuestra entidad”, publicó en su cuenta de Twitter.
Tabasco es otro de los estado en donde una iniciativa de esta naturaleza ha estado en la congeladora. En este caso, la iniciativa fue presentada por el Partido Verde Ecologista desde hace tres años y hasta el momento no se ha movido, debido al temor de un costo político entre los legisladores.
En entidades como el Estado de México, Jalisco o Durango, el tema también ha suscitado una importante polémica, aun cuando en algunos casos, como el del estado norteño, cuenta con encuestas que lo respaldan.
Según un estudio de la organización México Elige, realizado en dicho estado, durante el mes de enero de este año, el 74.2% de los participantes avalaron la castración química en contra de los violadores y pederastas.
Cabe decir que existen motivos que hacen que académicos de diversas disciplinas duden de la efectividad de esta pena, como el hecho de que la castración química inhibe el deseo sexual, pero no imposibilita la erección.
Además, los crímenes sexuales buscan el dominio de sus víctimas más que la satisfacción sexual; y por último, la castración química ha sido cuestionada por colectivos en derechos humanos para preservar el derecho a la salud o el derecho a la autodeterminación.
Michel Aylin fue asesinada la tarde del domingo. De acuerdo con el fiscal General de Justicia de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce-Medrano, la menor falleció por asfixia y además sufrió abuso sexual, presuntamente cometido por parte de su abuelo materno, quien tiene antecedentes del mismo delito a otros menores de su entorno familiar que datan del 2014.
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