Científicos alzan la voz contra desaparición de fideicomisos; es un chantaje usar al COVID-19 como excusa, afirman

La Cámara de Diputados determinará este martes 29 de septiembre si se aprueba o no la iniciativa de Morena que busca desaparecer 55 fideicomisos de la administración pública, entre ellos 32 destinados al desarrollo científico y tecnológico.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y del Sistema de Centros Públicos de Investigación, se oponen a la iniciativa del grupo parlamentario de Morena que pone en riesgo recursos para la ciencia nacional y podría suponer el fin de múltiples proyectos de investigación.

Esta iniciativa pretende desaparecer los fideicomisos y destinar los recursos disponibles, aproximadamente 150 mil millones de pesos en total, según afirma el diputado Mario Delgado, al sector salud para contrarrestar las carencias que padece frente a la pandemia de COVID-19.

Pero los científicos defienden que los recursos de los fideicomisos no son parte del presupuesto público, sino que son generados como producto de la propia actividad de investigación. “Es dinero que nosotros generamos por servicios que hacemos, por convenios de colaboración o por donaciones de terceras personas”, afirmó Miguel Rubio, director del Instituto Nacional de Ecología y presidente del Consejo de Centros Públicos de Investigación para el portal de noticias Latinus.

El doctor José Antonio Lazcano, investigador de la UNAM, calificó como “chantaje” el hecho de que se argumente la necesidad de recursos para atender la pandemia de COVID-19. “Si se trata de resolver la emergencia sanitaria, que se acabe con la Oficina Presidencial para la Promoción del Béisbol. Que se acabe con el gasto de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya, del Aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí hay una cantidad enorme de recursos que se está tirando a un hoyo negro presupuestal sin fondo”.

Por su parte, Mauricio Merino, investigador del CIDE, señaló que los recursos de los fideicomisos también pueden provenir de concursos, convocatorias, fundaciones, organismos internacionales y de instituciones privadas que deciden apoyar investigaciones científicas de largo aliento, mismas con las que se incumpliría legalmente en caso de desaparecer los fideicomisos.

De acuerdo con la periodista Tania Aguayo para Latinus, los investigadores del sector afirman que de ser aprobada la desaparición de los fideicomisos, por ley, sus recursos pasarían a los institutos o centros de investigación de los que provienen. Es decir, no llegarían a la Federación, como pretenden los diputados.

“Hay todo un mecanismo de rendición de cuentas que ya quisiéramos ver en otras áreas del Gobierno Federal. En un fideicomiso para gastar un peso, tienes que pasar por toda una serie de mecanismos”, afirmó la doctora Alma Maldonado, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav).

Dicho mecanismo de rendición de cuentas, explicó Maldonado, supone que no se puede ingresar dinero a los fideicomisos sin autorización del órgano de gobierno conformado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP).

Para utilizar el dinero se debe pedir permiso a un comité técnico con presencia permanente de la Secretaría de la Función Pública y la (SHCP). Además, cada año se elaboran informes sobre la utilización de los recursos, mismos que son revisados por la Auditoría Superior de la Federación.

La insistencia del grupo parlamentario de Morena por aprobar la iniciativa sorprende a los investigadores entrevistados. Y es que en tres sesiones de Parlamento Abierto prometieron que no lo harían; incluso firmaron un comunicado explicando las razones legales para que los fideicomisos no estuvieran incluidos en el proceso de extinción.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS