La consulta para enjuiciar a ex presidentes, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticada por varios sectores de la política nacional y ahora un senador de su propio partido, Germán Martínez Cázares, señaló que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apruebe su constitucionalidad, este proceso sería ineficaz en su búsqueda de un castigo a los mandatarios.
En una carta que el senador de Morena envió al titular de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer su eventual abstención para votar la solicitud del presidente López Obrador, pues consideró que “no garantiza la eficacia para aclarar conductas presuntamente delictivas” ni somete a los ex mandatarios a la rendición de cuentas.
Este último argumento lo mencionó debido a que desde su perspectiva, el resultado de la consulta no sería vinculante a jueces y juezas ni a la Fiscalía General de la República, de acuerdo con la información recabada por el portal web Animal Político.
Martínez Cázares, quien había fungido como director general del IMSS al inicio de la administración de López Obrador, aclaró que a través de su postura no pretende lastimar la unidad al interior de Morena, sino ejercer su derecho a disentir, pues mencionó que no está dispuesto a “disfrazar” sus convicciones jurídicas ni a “practicar la ventriloquía política”.
Además, señaló no estar a favor de la impunidad, especialmente en el caso de los ex presidentes y personas que ocupen un puesto en el servicio público, pero consideró que “la justicia ordinaria puede, sin ninguna tardanza, iniciar las investigaciones correspondientes de hechos probablemente delictuosos, sin importar el cargo que ostenten o hayan ostentado”.
Otro argumento por el cual Martínez Cázares se opuso a este proceso es la complicación que representan sus condiciones, como el hecho de que se requiere el 40% de las personas del listado nominal de electores, así como fallas en el diseño de la ley, pues el resultado no evitaría que los ex presidentes inicien una imputación penal en contra del mismo, además de que todo eso “podría obstruir la impartición de justicia”.
Por ello dijo haber presentado una iniciativa a través de la cual se estableciera un “referéndum y plebiscito dentro de la Constitución, con el objetivo de contar con mecanismos de consulta directa, real y efectiva, en lugar del procedimiento ‘complejo y absurdo’ que impide a la ciudadanía hacer efectivo su derecho a participar”.
Por su parte, el presidente López Obrador señaló que “no ve ningún obstáculo” para que la SCJN apruebe la consulta ciudadana: “Yo espero que la Corte apruebe la realización de la consulta. No es presionar a nadie, es apego estricto a la legalidad, así está el artículo 35 de la Constitución, de la ley de la materia, y yo hice mi escrito con apego a ese marco legal”.
El mandatario mexicano también garantizó que durante proceso se respetará la ley y no se afectarán los derechos humanos de ninguna persona, en caso de que la gente decida que se lleve a cabo el juicio a los ex presidentes.
“Hay convenios que México ha suscrito para que se considere como defensa de derechos humanos que no haya abusos de autoridad y que se garanticen todos los derechos civiles y democráticos de los ciudadanos”, refirió López Obrador en torno a las garantías que buscará en su consulta.
También habló de que no sería necesario establecer una comisión de la verdad paralela a la consulta, pues la Fiscalía General de la República se encarga de investigar las denuncias que involucran a los ex mandatarios. “Va a ser la Corte la que resuelva sobre la constitucionalidad de la pregunta y adelante el proceso; luego decide el pueblo, decide la gente”, concluyó.
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