
El 24 de octubre de 2020 termina el plazo de cinco años para que México cumpla con las obligaciones acordadas con Estados Unidos bajo el El Tratado de Aguas Internacionales, o Tratado de 1944. En 2015, el país cerró el quinquenio con una deuda de 324 millones de metros cúbicos del líquido, por lo que, entre 2015 y 2020, debe pagar eso, más los 4 mil 300 millones de metros cúbicos que le corresponden en cada ciclo.
El martes 15 de septiembre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para pedirle apoyo en la garantía del cumplimiento mexicano del acuerdo. En la carta, Abbott denuncia que, hasta el 29 de agosto de 2020, México había pagado mil 765 millones 729 mil 087 de metros cúbicos de agua. En ese sentido, el país aún le debe 329 millones 860 mil 913 de metros cúbicos a Estados Unidos.
Abbott describió a Pompeo la situación dentro de las presas mexicanas y aseguró que México está en condiciones de pagar la deuda. “México puede cumplir con sus obligaciones ya que, hasta el 7 de septiembre, tenían mil 456 millones de metros cúbicos en reservas internas y, hasta el 29 de agosto, 216 millones de metros cúbicos del líquido en reservas internacionales”.
Para cumplir con la obligación diplomática, la Comisión Nacional del Agua empezó a sacar agua de las presas Las Vírgenes, La Boquilla y El Granero en Chihuahua. Esta medida provocó una serie de protestas entre los agricultores del estado. Las manifestaciones alcanzaron su punto más alto entre el 8 y el 9 de septiembre, cuando un grupo de productores tomó la presa de La Boquilla que resguardaba la Guardia Nacional. Esa noche, los elementos de esa institución abatieron a una persona y dejaron a otra gravemente herida.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, dijo que la agresión ocurrió cuando un convoy de la Guardia Nacional llevaba tres detenidos de La Boquilla y fue interceptado por un grupo de 4 vehículos que intentaron detenerlos. En su versión de los hechos, uno de los elementos disparó para repeler la agresión y dos personas resultaron heridas, una mujer murió y su acompañante fue trasladado al hospital. Los agricultores aseguran que fue una ejecución arbitraria.
Desde entonces, el presidente López Obrador se aferró a una narrativa en la que asegura que el conflicto en Chihuahua está motivado por intereses político-electorales de funcionarios y ex funcionarios del Partido Acción Nacional. “Hay gente de buena fe, pero los dirigentes del movimiento son puros camajanes”, dijo.
Este viernes, Andrés aseguró que, si bien es cierto que el estado de Chihuahua debe cumplir con su obligación para el Tratado, eso no significa que los productores vayan a tener escasez para sus actividades de riego. También dijo que, si ese fuera el caso, él hablaría con el presidente Trump “para decirle que México no puede cumplir”. Aseguró que es posible recurrir a la “solidaridad de otros estados del país” para satisfacer la demanda de agua y negó la posibilidad de un impago por parte de México.

Aunque se rehusó a dar predicciones, el presidente dijo que su gobierno está comprometido con cumplir con la deuda de agua para evitar represalias de Estados Unidos como aranceles o penalizaciones. Esa es la clase de medida con la que Pompeo podría amenazar a México en el escenario de una falta de pagos.
La carta de Abbott al secretario de Estado está motivada por “la dependencia de Texas en el agua del Río Bravo”. En el documento asegura que, si no reciben la cuota que les corresponde, tendrían que limitar la distribución de aguas de riego para sus agricultores. Eso es lo mismo que denuncian los productores chihuahuenses.
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