
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que iniciará una investigación para detectar probables violaciones a los derechos humanos de los habitantes de comunidades originarias en la región de Calakmul, Campeche, por la construcción del megaproyecto Tren Maya.
Por medio de un comunicado oficial, el órgano descentralizado dirigido por Rosario Piedra Ibarra notificó que derivado de una denuncia presentada por el Comité Pro Defensa del Tren Maya en relación a un juicio de amparo presentado y otorgado por el Juzgado Primero de Distrito del estado de Campeche, la CNDH procederá con las pesquisas y, en caso de ser necesario, emitirá las recomendaciones correspondientes.
De igual forma, la institución especializada en defensa de los derechos humanos señaló que supervisará que se cumpla al pie de la letra las medidas pactadas para proteger el patrimonio cultural, arqueológico y natural de la región.

Este comunicado confirma la postura del órgano ante la continuación de las obras de este megaproyecto mientras el nuevo coronavirus continúa presente en el país, pues el sector de la construcción es uno de los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reactivó recientemente a pesar de la crisis sanitaria.
El pasado 14 de mayo, la CNDH emitió una recomendación oficial en la que privilegiaba la salud humana ante los intereses económicos y exhortó a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) suspenda las actividades no esenciales relativas al megaproyecto denominado Tren Maya.
Dicha medida cautelar fue resultado de la petición colectiva de comunidades mayas que habitan las zonas donde serán instaladas las vías del tren, pues dada la estrategia de reactivación económica propuesta por el gobierno federal en que la industria de la construcción es considerada esencial, se pone en riesgo sanitario a las zonas que han permanecido aisladas para evitar contagios de COVID-19.

“El proyecto del tren en el sureste mexicano no se ha detenido atentando contra la salud y la vida de millares de personas indígenas y no indígenas en la región. Estas actividades de ejecución del nombrado Tren Maya representan un abuso de poder durante la pandemia en detrimento de los derechos humanos de todos los gobernados ya que avanzan mientras que la población sufre de las restricciones impuestas de manera fáctica y legal al derecho al acceso a la información y a la justicia”, se lee en un texto emitido por las comunidades locales, que reconocen las carencias de la zona y plantean que es de alto riesgo que continúen en operaciones.
Por esta razón, la CNDH dijo que “garante en la defensa y protección de los Derechos Humanos, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, solicitó tal suspensión, al actualizarse la gravedad, urgencia y posible daño a la Salud, la Integridad Personal y la Vida, de los habitantes de la región”.
Cuando la institución que dirige Ibarra Piedra emitió esa recomendación, en México apenas iban 40,186 casos y 4,220 decesos por COVID-19. No obstante, el virus no se detiene y hasta este viernes 21 de agosto, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), van 549,734 casos acumulados y 59,610 muertos por esta enfermedad.
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