De enero de 2019 a febrero de 2020, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México sancionó a 1,680 servidores públicos, de los cuales, 1,613 son de la administración de Miguel Ángel Mancera; así como 67 funcionarios de alcaldías y de otras dependencias de la gestión de Claudia Sheinbaum.
La dependencia encabezada por Juan José Serrano informó que, dentro de las conductas sancionadas, destacan el uso indebido de atribuciones y recursos, conflicto de intereses, cohecho, así como el tráfico de influencias.
De la gestión del ahora senador por el PRD se cuenta el entonces secretario de Finanzas, Edgar Amador Zamora; así como los jefes delegacionales interinos Isaac López Alejo, de Tláhuac, y Héctor Hernández Rodríguez, de Tlalpan.
La Secretaría informó que, como resultado de las denuncias presentadas, se han iniciado 24 carpetas de investigación en contra de 27 ex servidores públicos, de las cuales 5 han sido ya detenidas y 5 más cuentan con órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.
Además, fueron suspendidos 20 ex funcionarios mientras son indagados como parte de un total de 9,437 otros que están en proceso de investigación. También hay pesquisas contra 15 empresas participantes en el proceso de reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos de septiembre de 2017.
De acuerdo con la Contraloría, del total de servidores públicos de la gestión de Mancera Espinosa, a 197 se les impuso una sanción de entre 1 a 20 años de inhabilitación; 16 con menos de 1 año y hasta tres meses de inhabilitación; y 1,400 con sanciones por faltas a la normatividad.
Además del ex secretario de Finanzas y los dos ex delegados mencionados, fueron sancionados 9 fiscales, un titular de la Agencia de Gestión Urbana, 2 bomberos, 4 coordinadores generales, 109 directores generales, 8 directores ejecutivos y 183 directores de área durante la gestión de Mancera.
Respecto a los servidores públicos sancionadas en lo que va de la administración de Sheinbaum, hay 3 con penas de 1 a 20 años de inhabilitación; 1 con sanción menor a 1 año de inhabilitación; y 63 con sanciones por falta a la normatividad. Estos 67 son parte de un total de 9,437 personas en investigación que esperan el levantamiento de suspensión para la aplicación de las sanciones correspondientes.
De los 20 suspendidos de dependencias y entidades, 7 son agentes de Ministerio Público, un oficial secretario del Ministerio Público, 1 suboficial bombero, 1 jefe de servicios, 1 médico especialista, 1 trabajadora social y 1 operativo.
Mientras que de alcaldías son 3 directores generales, 2 directores de área, 1 prestador de servicios profesionales y 1 personal administrativo y /o de servicios generales.
La Contraloría agregó que respecto a la indagatoria a 15 empresas que participaron en la reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos de septiembre de 2017, “se presentaron las denuncias penales correspondientes que han derivado en varias órdenes de aprehensión en contra de representantes o miembros de éstas”.
Por último, anunció que está en el proceso de formar “nuevos perfiles de servidores públicos que responden a sistemas de fiscalización más eficaces”. Dijo que próximamente se implementarán “otras acciones y programas que fortalezcan el combate a la corrupción y garanticen a la ciudadanía la libre convivencia en una ciudad de derechos, con respeto al principio de presunción de inocencia y al debido proceso”.
El combate a la corrupción es una de las prioridades de la actual administración de Claudia Sheinbaum quien llegó a la jefatura de gobierno bajo la bandera del partido Morena.
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