Estudiantes de derecho jamás obtuvieron respuesta de Universidades para el Bienestar sobre la validez de sus estudios

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García constituyeron, en menos de dos años, 140 sedes con 36 carreras e incorporaron a 15,105 estudiantes y 815 docentes a nivel nacional. Sin embargo, el rápido crecimiento del proyecto educativo insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó descontento entre la comunidad universitaria por la incertidumbre que enfrentan los alumnos sobre la validez oficial de sus estudios y la precariedad que enfrentan los académicos dada la falta de un régimen laboral.

El pasado 25 de julio, después de poco más de cinco meses, la sede Cuauhtémoc, antes Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, en la Ciudad de México, concluyó un paro de labores promovido por estudiantes y saludado por trabajadores académicos y administrativos. El descontento, explican a Infobae México integrantes del grupo de estudiantes organizados, se generó a partir de la incorporación de su escuela a las Universidades para el Bienestar: “en vez de crecer, con esta transición vimos cambios que perjudicaron el funcionamiento general de la escuela”.

La Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA) fue fundada en 2015 mediante una asociación impulsada y sostenida económicamente por legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional. En julio de 2019, después del triunfo electoral de la “cuarta transformación”, fue incorporada al proyecto de las Universidades para el Bienestar. En adelante, la EDPA dejó formalmente de existir y se fundó la sede Cuauhtémoc, encargada de impartir la licenciatura en derecho.

Con el cambio, la universidad perdió el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que le concedió la Secretaría de Educación Pública (SEP), transformó su programa de estudios, calendario, estatuto y reglamento, dejando a la comunidad en incertidumbre sobre la validez legal de sus estudios. De hecho, a pesar que el paro iniciado en febrero de este año fue levantado por las dificultades que impuso la emergencia sanitaria, los alumnos aún exigen que la titular del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Raquel Sosa Elízaga, les dé a conocer detalles sobre la estructura universitaria, con nombres, cargos y medios de contacto de los funcionarios, así como documentos oficiales como modelos de títulos, certificados parciales, actas de liberación de servicio social, prácticas profesionales o comunitarias.

Y aún más, exigen que se cumpla con los compromisos de habilitar un área de cómputo, servicio de seguridad y servicio médico en una nueva sede en que quepan todas las generaciones, así como que se destituta a la actual coordinadora académica, Verónica Castro.

La falta de certidumbre respecto al valor de los estudios afectó particularmente a la primera generación, que concluyó sus estudios en diciembre de 2019, dos meses antes de la publicación del nuevo reglamento escolar que agregó requisitos de titulación, como el dominio de náhuatl, para los que nunca recibieron formación.

Raquel de la Luz Sosa Elízaga ha señalado que la institución ya cuenta con clave y registro oficial ante la Dirección General de Profesiones de la SEP. La información oficial de las Universidades refiere que la sede Cuauhtémoc posee la clave de institución 090886 y la clave 612301 de profesiones. Sin embargo, los estudiantes de derecho insisten en que ese registro es insuficiente para afirmar la validez de sus estudios. Refieren que la SEP otorgó las claves simulando que se contaba con planes de estudios, horarios, plantillas de profesores, sellos y documentación oficial, cuando muchos de estos elementos aún no han sido presentados.

Infobae México buscó a la Organismo Coordinador de las Universidades para el Binestar, a través de diversas vías de comunicación oficiales, para conocer los detalles de esta situación, sin embargo, hasta el momento de publicación no se obtuvo una respuesta.

“Las universidades tienen el cascarón, que podríamos decir que es la clave de institución, pero nada del cuerpo normativo y operante que le dé validez y certidumbre a la titulación. Ese es el problema de las Universidades para el Bienestar, esa serie de errores y controversias que existen dentro del propio mecanismo. Aquí es un problema entre la SEP y las universidades; de la SEP por aprobar escuelas y darles una clave de institución sin que previamente se cumpla con los parámetros establecidos en sus reglamentos y leyes correspondientes”, refirió en entrevista un estudiante de octavo semestre de la licencitura en derecho.

Por su parte, el pasado mes de febrero, los profesores de la sede denunciaron que la incorporación a las Universidades del Bienestar supuso un recorte en la planta docente y limitaciones en la libertad de cátedra. Expusieron, además, que carecen de prestaciones como aguinaldos, vacaciones y seguro social, y que durante 2018 y 2019 el pago de salario fue irregular, al grado de laborar por más de medio año sin percibir remuneración.

La Asamblea General Estudiantil de la EDPA o sede Cuauhtémoc fue sensible a las problemáticas de maestros y administrativos. El paro iniciado el 17 de febrero tuvo lugar después del despido de dos trabajadoras, mismo que fue calificado como injustificado por la comunidad. Estudiantes, trabajadores académicos y administrativos se mantuvieron en contacto para discutir las problemáticas de su universidad:

“Los administrativos no han tenido intención de volver a sus cargos, sino de aportar su experiencia y conocimiento de todos los errores técnicos y administrativos de la escuela. En el caso de los docentes, ellos llevan su lucha en instancia judiciales, sin embargo, nos apoyamos para visibilizar la precarización educativa en general. Ellos son muy conscientes de que probablemente no podrán conseguir la reinstalación, pero van motivados a visibilizar la problemática y enfrentar a las autoridades para que asuman la responsabilidades de sus actos”, explicó otro de los estudiantes.

Con 628 estudiantes y 26 docentes, la sede Cuauhtémoc es la tercera Universidad para el Bienestar con más alumnos en el país, sólo por detrás de la sede Francisco I Madero, en Hidalgo, para la que se reporta un total de 984 estudiantes y 25 docentes, y la sede Juan R. Escudero, en Guerrero, con 775 estudiantes y tan solo 15 docentes.

Durante los meses de distanciamiento social que provocó la pandemia, la sede Cuauhtémoc no tuvo actividades a distancia. En parte, por el paro de labores que supuso la toma de las instalaciones y la lucha legal de los profesores, pero también, afirma una estudiante, porque la escuela ni siquiera cuenta con una plataforma electrónica para establecer comunicación y realizar trámites de forma digital.

Los estudiantes organizados explicaron que en los últimos meses la incertidumbre respecto a la titulación se resolvió de forma parcial con la publicación del reglamento escolar, que ya enuncia cuáles son las modalidades de titulación, aunque no en qué consisten.

Sin embargo, hay otras irregularidades que no se han solventado, como la emisión de historiales académicos y constancias de estudio con el sello y membrete de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, que formalmente ya no existe. Este problema en la documentación ha generado que las solicitudes de trabajo, servicio social y prácticas profesionales de los estudiantes sean rechazadas.

Finalmente, los alumnos planean continuar con la organización y comunicación política de la comunidad mediante la conformación de un comité de lucha denominado Ponciano Arriaga, en honor al antiguo nombre de su escuela. También tienen el objetivo de entrar en contacto con las sedes hermanas para visibilizar problemas comunes: “después de todo, es un proyecto loable que no buscamos destruir, sino simplemente encaminar para que se vuelva lo que debe de ser: un proyecto educativo”, refieren los alumnos entrevistados.

“Esperemos que esta situación que tuvo nuestra escuela logre impactar y abrir los ojos a las personas responsables de que las escuelas requieren más. Pareciera que el tema de la austeridad lo están aplicando al sector educativo. Lo preocupante es que se dio a conocer este mes que se abren 40 universidades más, entonces son 140. Más que abrir universidades con el objetivo político de decir que este gobierno apuesta por la educación, que mejor atiendan las necesidades que tiene cada una de las que ya existe y puedan visibilizar que es un gasto que no solo se hace en la apertura, sino que es dinero que se tiene que estar inyectando cada año”, concluyó una estudiante de octavo semestre.

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