Murió magistrado que ordenó crear comisión de la verdad para resolver el caso Ayotzinapa

Héctor Gálvez Tánchez, magistrado federal en Tamaulipas y que junto a sus compañeros del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó la creación de una comisión para investigar el caso Ayotzinapa, falleció en las últimas horas.

Así lo confirmaron la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) y el Instituto de la Judicatura Federal (IJF) en sus respectivas cuentas en redes sociales. De acuerdo con medios locales, el hombre habría fallecido debido al COVID-19.

“Nos unimos en la profunda pena que embarga a los familiares y amigos de nuestro compañero y amigo, Magistrado Héctor Gálvez Tánchez, Q.E.P.D.”, señaló la Jufed. “Las y los juzgadores federales lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de quien, en vida, fue un luchador contra las adversidades naturales”, manifestaron.

Además, mencionaron que Gálvez Tánchez fue “ejemplo de compromiso con la eficaz gestión administrativa de los órganos jurisdiccionales”. “Nos unimos a la profunda pena que embarga a sus familiares y amigos deseando una pronta resignación”, finalizaron.

La Escuela Judicial también emitió un comentario. “El Instituto de la Judicatura Federal expresa su más sentido pésame por el sensible fallecimiento del señor Magistrado Héctor Gálvez Tánchez, coordinador de la Extensión Reynosa, esperando pronto consuelo de familiares y amigos”, señalaron.

Luis Vega Ramírez, su colega como magistrado de Circuito, en esta caso para el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, se unió al duelo por la “irreparable pérdida para el Poder Judicial de la Federación y el Instituto de la Judicatura Federal”.

“Que en paz descanse el Magistrado Don Héctor Gálvez Tánchez, un juzgador sensible, dedicado y espléndido ser humano”, agregó. Por su parte, la presidenta del Colegio Académico de Abogadas de Durango, Minerva Ávila González, calificó a Gálvez Tánchez como “un gran jurista”.

“Tuve el gusto de conocerlo cuando fue Magistrado en el Octavo Circuito, siempre con una gran actitud. En paz descanse”, señaló la también activista de los derechos de las personas con discapacidad sobre el magistrado acaecido, que cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1973 a 1977.

Gálvez Tánchez se desempeñó como oficial Judicial del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; como oficial judicial, actuario y Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa; Primer Secretario del Juzgado Noveno de Distrito; y como Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, todos estos cargos en el Distrito Federal, hoy en día Ciudad de México.

Además, fue Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Posteriormente, fue Secretario de los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, donde nació. También fue Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California.

Asimismo, se desempeñó como Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito; Magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito; y Magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito. Ocupaba el cargo de Magistrado de Circuito desde febrero de 2000.

Pero es precisamente durante su labor como Magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito donde en 2018 tomó una decisión junto a sus compañeros magistrados que aún se recuerda: junto a Juan Antonio Trejo Espinoza y Mauricio Fernández de la Mora, el ponente del caso, ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa.

Con esta sonada decisión, ordenaron también crear la Comisión de investigación para la verdad y justicia del llamado Caso Iguala, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, en septiembre de 2014 desaparecieron, en un evento que conmovió al país y a la comunidad internacional.

En su fallo, los magistrados concedieron la protección a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y ordenaron que el procedimiento fuera repuesto, ya que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, no realizó una investigación “pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente de México entre 2012 y 2018, generó la llamada “verdad histórica” del caso, pero se ha devaluado fuertemente en los últimos años, debido a los reclamos por la falta de precisión en la información y las acusaciones de tortura de testigos claves.

Desde su llegada al gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) prometió reabrir el caso. Su gobierno busca derrumbar dicha “verdad histórica” investigando el caso y los errores cometidos por la administración anterior, para cumplir con los pedidos de las familias de obtener la verdad del caso y justicia contra los responsables.

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