Los cárteles del narco ya se adaptaron al COVID-19: las crisis económicas los favorecen, según analistas

Como parte del seminario web Redes criminales y COVID-19: ¿cambio de roles para mafias y cárteles?, organizado por la Delegación de la Unión Europea en México este martes, expertos afirmaron que la pandemia de coronavirus ha revolucionado la vida del crimen organizado, además de que la crisis económica ocasionada ha provocado que la delincuencia evolucione “mucho más rápido”.

La ponente Maricarmen Hinojosa Silva, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, señaló que los problemas de la delincuencia organizada han tenido la necesidad de evolucionar, pero que los efectos no pueden ser medidos “del todo” porque es un evento sin precedentes. Sin embargo, “podemos ir alumbrado un alto número de desempleo, la crisis económica, cómo afectará las tasas de incidencia delictiva”, dijo.

Enfatizó que son situaciones diferentes el incremento de robos y el incremento de la delincuencia organizada: no necesariamente se alinean. Los efectos de la pandemia de COVID-19 se reflejan, según Hinojosa Silva, en dos ámbitos. El primero es observar que la cadena de suministro, a corto plazo, sí está afectada debido a la restricción de viajes, vuelos, y fronteras. Por ejemplo, la reducción de insumos de China, utilizados para fabricar metanfetaminas y diferentes drogas, ha afectado al país.

A pesar de ello, no todas las mercancías entran por puertos legales ni a través de líneas de comunicación legales. “Éstas no han sido cortadas”, dijo la experta. Desde los años ochenta, el narcotráfico “siempre” ha logrado establecer contactos y rutas con cárteles en Colombia. “México es un país no sólo de paso sino también de consumo”, declaró.

A largo plazo, el crimen organizado ha sido capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes ya que no existen contratos legales ni una estructura rígida, a diferencia del gobierno y otras instituciones que “batallan” debido a los cambios ocasionados por la crisis sanitaria. “Hay que ver las circunstancias a las que van a recurrir para adaptarse”, afirmó.

“No es un caso solamente de México”, recordó Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla. La delincuencia organizada se ha acercado a sus bases de apoyo, como lo son las comunidades. “Ha causado expectativa ver las imágenes de líderes de cárteles locales y el uso de mujeres para la entrega de despensa, dinero en efectivo para las comunidades”, dijo.

Rodríguez le llama escudo social porque la pandemia le está “pegando” a los lugartenientes, la gente que ayuda a cultivar y gente que tiene que seguir trabajando. Lo trabaja como una hipótesis: uno de los estados de mayor crecimiento de contagio fue Sinaloa, al igual que ciudades fronterizas donde se traslada la droga como Tijuana, Ciudad Juárez, o el estado de Tamaulipas. “Los cárteles necesitan seguir trabajando, pero sus familias, con personas de edad avanzada, o niños, se han tenido que quedar en confinamiento o aislamiento”, afirmó.

Mencionó que la BBC, por ejemplo, ha realizado trabajo de campo con gente que recibió despensas, familias que trabajan para el crimen organizado. Son las bases de apoyo: durante el “Culiacanazo”, recordó, fue la sociedad la que alertó sobre la presencia del operativo militar. “Gracias a eso, cárteles previenen que vayan a capturar a algunos de sus líderes”, dijo.

El escudo social, por lo tanto, protege a las familias, a los trabajadores, y la contrapropaganda para el gobierno. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Pronunciarse abiertamente en contra de esas acciones, afirmó Rodríguez, y generar una estrategia también de contrapropaganda, para que no se quede una cultura de narcotráfico en México.

Hinojosa, por su parte, cree en el apoyo monetario de Europa a México. “Es una señal de decir ‘estamos aquí y vamos a cooperar’. Lo interesante es ver en qué se utiliza. Si bien es una suma significante comparada con lo que gasta el gobierno de México en seguridad, la Unión Europea (UE) debería impulsar en que se gaste en identificar factores de riesgo que propicien violencia, como el lavado de dinero. Por otra parte, es un tema de compartir buenas practicas. La UE podría apoyar en el tema de las buenas prácticas para atender la problemática”, señaló.

Rodríguez afirmó que la capacitación de la UE a fuerzas federales y locales en México tendría un impacto significativo, ya que, según el experto, existe una “muy baja” preparación en la prevención del delito y en el análisis de los datos criminalísticos. Comparó, además, a los carabinieri, un organismo de seguridad del estado italiano, con la Guardia Nacional por su modelo “parecido”.

Otro factor a considerar para combatir al crimen organizado es incrementar el apoyo a la inteligencia financiera en México. “Nuestra área es muy pequeña, con menos de 80 analistas”, dijo Rodríguez. “Es la primera vez que el eslabón perdido para terminar con la corrupción política en México está avanzando: congelamiento de cuentas y más. Ahí se le debe pegar a las organizaciones, y con mejores prácticas de coordinación. En México hay casos terribles de liberación de gente relacionada con lavado de dinero”, afirmó.

Los expertos también ahondaron en los cibercrímenes y la seguridad digital, ya que el crimen organizado ha encontrado la manera de migrar a diferentes medios. “No es la primera vez que un gobierno no pone atención a la ciberseguridad”, afirmó Hinojosa, agregando que se debe seguir impulsando por una mayor legislación al respecto. “Hay un loophole (lagunas o escapatorias) enorme de lo que entiende el gobierno por ciberseguridad y lo que de verdad está pasando”, dijo.

¿Qué hacemos y hacia dónde voltea el gobierno para hacer frente? El gran reto hoy en México, según Hinojosa, es regresar la mirada hacia otras prioridades más allá de la pandemia. “Se ha volteado la mirada a la pandemia para hacer frente, pero se debe transitar más allá de la crisis sanitaria y hacer este nuevo orden de la nueva normalidad para hacer frente”, señaló.

Sobre la prevención, informó que existe una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2014, en la cual se preguntaba a jóvenes qué pasaba en su estado. De los peores calificados fue Guanajuato. “Cuando veías la incidencia delictiva en ese entonces no había homicidios ni nada de fuero común, pero el peor calificado era la cohesión comunitaria. Algo estaba pasando. Las manzanas podridas estaban avanzando”.

La relación en México con el crimen organizado en la nueva normalidad es compleja. “La crisis está haciendo que la delincuencia evolucione mucho más rápido”, señaló Rodríguez. Organismos de seguridad como la INTERPOL afirman que se vive un incremento de la delincuencia común y organizada y los cibercrímenes.

Sin embargo, no se destinan más recursos a la ciberseguridad y tampoco ha crecido el número de investigadores cibernéticos en el país. Según el experto, el déficit es de 50 analistas de investigación de estos delitos. Otras áreas de oportunidad recaen en la capacitación de jueces y la modernización de aparatos y sistemas de justicia.

“Debemos regresar la mirada a la prevención. Nos encanta apagar fuegos, pero ese es un gran reto. El lavado de dinero no es la apuesta gubernamental porque es un tema de prevención, paralelo al enfrentamiento directo con las fuerzas armadas”, declaró Hinojosa.

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