Con la finalidad de adecuar el marco legal mexicano al Tratado comercial entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en materia de derechos de propiedad intelectual, estipulados en el capítulo 20 de éste, el Senado de la República aprobó este martes las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal; sin embargo, Organizaciones No Gubernamentales acusaron una probable intromisión del Estado a la libertad de expresión en medios y plataformas digitales, así como en redes sociales.
Las ONGs R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Creative Commons México, SocialTIC, Artículo 19, Wikimedia México y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad manifestaron sus distintos puntos de vista de la reforma que quedó aprobada por los senadores cerca de la medianoche del lunes 29 de junio.
Respecto al avance legislativo, la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro buscará aprobar lo más rápido posible estos cambios en materia legal, esto, ante la premura de que el miércoles 1 de julio entra en vigor el T-MEC; no obstante, cabe señalar que, conforme a lo acordado, se otorga un periodo de tres años para adecuar el marco legal de cada país al tratado.
De acuerdo con los legisladores mexicanos, los cambios establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor son para proteger cualquier creación intelectual del uso no autorizado a través de distintas plataformas y tecnologías; sin embargo, los defensores de los llamados derechos digitales acusaron que el mecanismo de “notificación y retirada”, expuesto en la iniciativa, obliga a los proveedores de servicios de internet a retirar cualquier publicación o contenido de sus usuarios cuando una persona alegue que violaron sus derechos de autoría. Lo más preocupante es que el retiro de este contenido pasaría sin necesidad de aportar prueba alguna de la supuesta infracción y sin que una autoridad judicial lo ordene, en otras palabras, no se estipula un debido proceso en el retiro de contenido en internet y esto se puede interpretar como censura.
“El mecanismo de ‘notificación y retirada’ ya fue utilizado por el gobierno de Peña Nieto para censurar un video”, señaló R3D.
Esta organización hizo un llamado a la concientización del problema que atenta contra los derechos a la libre expresión y la nombró Ni censura ni candados pues, de acuerdo con ellos, “la reforma a la LFDA pretende establecer un mecanismo privado de censura conocido como notificación y retirada, previsto por las leyes de EE.UU. Si una persona alega que un contenido o publicación viola sus derechos de autor, los proveedores de servicios de Internet deberán removerlo, sin necesidad de aportar pruebas sobre la infracción y sin la orden de una autoridad judicial”.
También reiteró que el gobierno de México no se debe apresurar a definir este rumbo, pues tienen un periodo de tres años para hacerlo.
Sin embargo, su mayor preocupación está en los castigos a los que serán sometidos quienes reparen, modifiquen o alteren dispositivos electrónicos.
“Las reformas contemplan sanciones de hasta 10 años de cárcel por eludir medidas tecnológicas de protección. Estas medidas, también llamadas candados digitales, son impuestas por fabricantes de hardware y software para impedir el acceso, copia o modificación de información contenida en un dispositivo o sistema”, acusa la organización en una petición pública contra de la reforma.
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