Más del 50% de las fosas clandestinas que se han encontrado en lo que va del gobierno, hasta el pasado 31 de mayo, se han detectado en cinco estados: Veracruz, Sonora, Colima, Guerrero y Sinaloa, pero el mayor número de cuerpos exhumados se dio en Sinaloa, Jalisco y Michoacán.
Así lo dio a conocer Alejandro Encinas, subsecretario Derechos Humanos de Gobernación, en el encuentro virtual “Abramos horizontes ante las desapariciones. México ante la crisis de personas desaparecidas” que se llevó a cabo el día de ayer y fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Asimismo, aseguró que algunos estados y sus fiscalías todavía muestran resistencia para apoyar las tareas de búsqueda de personas e identificación de cuerpos en fosas clandestinas, por evitar hacerle frente a la gravedad del problema de las desapariciones.
“El sólo hecho de hacer públicos los datos de fosas clandestinas, de cuerpos exhumados que se han venido desarrollado durante los últimos meses, ha ocasionado reclamos de los gobiernos de los estados que siguen en una lógica de querer minimizar u ocultar el problema, pero independientemente de ello, vamos a seguir con estas labores, porque no solamente se trata de tener un diagnóstico, es necesario hacer justicia”, manifestó el subsecretario.
Por la razón anterior, Encinas dijo que hay lentitud en las investigaciones y resultados a las familias que esperan conocer informes de sus seres queridos.
En ese sentido, adelantó que en los próximos días dará a conocer junto a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) los resultados de la actualización de datos de desaparición forzada de personas y número de personas identificadas y entregadas, con lo que lamentó las cifras que se presentarán.
“Seguramente vamos a llevarnos decepciones por el nivel tan alto que sigue existiendo en materia de desaparición forzada en nuestro país”, expresó.
En la videoconferencia organizada por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Encinas enfatizó que el reto es erradicar la impunidad, ya que sólo el 2% de las carpetas se judicializan y el 1% se castiga; mientras que en el caso de desaparición forzada no hay ninguna sentencia hasta el momento en el país.
Declaró que como parte del fortalecimiento al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se han canalizado a las comisiones locales de búsqueda 272 millones 800 mil pesos de los 341 millones programados, los cuales ayudarán a tener capacidades en equipamiento e infraestructura, y así llevar a cabo las acciones para la identificación de las personas localizadas.
Además, recordó que justo ayer, 10 de junio, se cumplieron 49 años del llamado “Halconazo” o la Matanza del Jueves de Corpus, un capítulo en la historia del país en donde el régimen de, en aquel entonces Luis Echeverría, recurrió a la desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Finalmente, reiteró su compromiso para no proteger a quienes cometan este delito: “no se tiene por qué encubrir a nadie, porque parte fundamental de justicia en materia de desaparición forzada es que se sancione a los culpables, lo que está en manos de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales” reiteró.
¿Qué ocurrió en el Halconazo?
En las calles de la capital del país, un 10 de junio de1971, una manifestación estudiantil que marchaba en apoyo de la Universidad de Nuevo León, fue violentamente reprimida por un grupo militar denominado “Halcones”, creado para reprimir cualquier manifestación contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.
Granaderos, miembros de la policía e incluso tanques antimotines salieron a las calles para controlar la marcha estudiantil. Un control que se llevó de forma violenta y desmesurada.
El saldo fue de 120 estudiantes asesinados. A los que sobrevivieron al ataque y llegaron heridos a hospitales, llegaron “halcones” y los mataron dentro de la institución médica.
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