La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) advirtió que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán atender las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
A través de un comunicado de prensa, la dependencia señaló que el recorte presupuestal impactará negativamente su funcionamiento, ya que la CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que opera y la mayoría de los servicios son subcontratados. Además, el personal que labora en la institución fue contratado de manera irregular, desde el origen de esta, con plazas eventuales y de outsourcing.
“Heredados por otras administraciones, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.”, añadió la dependencia.
La institución alegó que se encuentra en el supuesto de excepción, previsto en el numeral 38 del Decreto estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de abril de 2020, debido a que tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas que han sido víctimas de la violación de estos, asÍ como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75% del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, equivalente a 139.4 millones de pesos.
La CEAV señaló que para su funcionamiento durante lo que resta del año, son necesario 121.9 millones, presupuesto requerido para solventar los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para su operación.
En entrevista con Aristegui Noticias, Mara Gómez Pérez, titular de la CEAV, dijo que la afectación que resentirá el organismo será “terrible”, pues aseguró que, al menos para este mes, ya no se tiene para pagarle al 60% del personal. “Ya no hay para pagar rentas, computadoras, los teléfonos, el agua, la electricidad, cosas tan importantes", acusó.
¿Cuál será el impacto que provocará el recorte del 75% del presupuesto disponible?
- La CEAV prevé que la disminución de recursos la orille a realizar un ajuste en la nómina. “Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación.”
- No será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país.
- Es posible que haya acciones legales en contra de la institución derivadas del incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos.
- Se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.
- La reducción del 30% de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año.
- No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.
- No será posible que 7,200 víctimas, que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, reciban atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
- No habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación.
Además, otro de los efectos negativos de las medidas de austeridad implementadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, supone el ajuste del personal en la Unidad de Género, lo cual provocará que los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral, queden suspendidos.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas.”, señala el documento.
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