Un artículo publicado por The Economist señaló que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se opone al desarrollo de la energía renovable en el país y que “nada puede sacudir su fijación hacia el combustible fósil”.
En lugar de aprovechar la “ventaja” de la pandemia de COVID-19 para acelerar un cambio hacia la energía renovable, López Obrador, descrito como “populista” por la publicación, ha hecho lo contrario. El artículo también analizó las nuevas medidas establecidas por el Gobierno de México para la operación de la red eléctrica en el país.
La pandemia de COVID-19, de acuerdo al artículo titulado Betting on black: Nothing can shake AMLO’s fossil-fuel fixation, ha dado razones a los ambientalistas para celebrar porque la demanda de combustible fósil ha disminuido, mientras que los despachos de energía solar y eólica han aumentado ligeramente.
Este 14 de mayo, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, publicó las medidas para la red nacional de energía, “evitando” el proceso normal de consultación. Una de ellas ordena al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) escoger seguridad sobre “eficiencia económica” cuando se decida qué tipo de energía utilizar. Otra de ellas incrementa las “reservas operacionales”, afirmando que las plantas tienen que estar activas “todo el tiempo”.
Julio Valle, vocero de las asociaciones Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX), afirmó que las medidas impuestas por la Secretaría de Energía (Sener) han colocado a la energía renovable “en desventaja” y dado prioridad a las plantas de energía, “más caras y más contaminantes”, manejadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el 2018 el presidente López Obrador canceló permisos que pretendían suministrar energía renovable dentro de la red nacional de electricidad. El artículo afirma que esto y regulaciones recientes han “desconcertado” a inversionistas en la energía que proviene de los recursos naturales.
Valle afirmó que para el 2024 la industria eólica esperaba triplicar su capacidad a 15 gigawatts. Sin embargo, ahora espera alcanzar solamente “un poco más de la mitad” de ese número.
The Economist señaló que la energía renovable parece “representar mucho de lo que a López Obrador no le gusta”: entre ellas, generadores privados y, en su mayoría, extranjeros. Además el control de éstos estaría diseminado, y los parques eólicos y las granjas solares parecen “riesgosas”.
El artículo publicado este jueves 21 de mayo, afirmó que cuando el presidente visitó un parque eólico en el norte del país, se arrepintió por la “contaminación visual” que generaban las turbinas. Hizo además una comparación con cómo López Obrador “encuentra belleza en los pozos petroleros” y anhela los días cuando Pemex “era el motor de la prosperidad en México”.
El plan del gobierno federal es mantener la participación de la CFE en un 54% de la generación de electricidad en el país, además de construir siete refinerías y plantas de gas.
“Los precios del petróleo pueden recuperarse, pero los problemas de Pemex no desaparecerán. Otros productos de petróleo, más eficientes y limpios, tendrán una ventaja sobre México mientras que el mundo reduce su consumo”, afirmó.
López Obrador dijo este lunes que defenderá la industria energética nacional, después de que el principal grupo de presión empresarial del país, conocido como CCE, hiciera un llamado al Gobierno para revocar las medidas y amenazara con acciones legales.
El presidente tuvo algunas palabras duras para el sector eléctrico privado en su conferencia de prensa matutina el lunes, cuando dijo que las compañías tienen todo el derecho de ir a los tribunales, y el Gobierno tiene el derecho de hacerlo dentro del marco legal actual y en defensa de los intereses de los ciudadanos mexicanos.
Los líderes empresariales han criticado al Gobierno por usar la pandemia de coronavirus como excusa para aprobar las nuevas reglas que, argumentan, obstaculizarán la competencia. En una carta publicada durante el fin de semana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lo calificó como una “violación flagrante del marco legal y constitucional mexicano”.
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