Investigación de exfuncionarios de Sinaloa no ponen en riesgo a gobierno estatal, señala Yeraldine Bonilla

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, señaló que el gobierno federal es la que debe informar sobre la situación jurídica de los exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y otros delitos, luego de que algunos de ellos cruzaran a territorio estadounidense para enfrentar acusaciones.

La mandataria estatal aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de las autoridades federales respecto a los procesos judiciales abiertos en Estados Unidos contra ex integrantes de la administración estatal, situación que ha generado incertidumbre política.

Bonilla sostuvo que corresponde al gobierno federal informar de manera clara sobre el estatus legal de los implicados, así como sobre los acuerdos o procedimientos que pudieran existir con autoridades estadounidenses.

Detenciones no afecta a gobierno interino

Uno de los nombres que ha cobrado relevancia es el de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública estatal, quien es señalado por autoridades de Estados Unidos. Sobre este caso, Yeraldine Bonilla aclaró que su designación en el cargo no fue una decisión directa del hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Explicó que Mérida Sánchez fue incorporado al gabinete estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024 por recomendación de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el contexto de la estrategia de seguridad implementada en la entidad.

“La incorporación del exsecretario respondió a instrucciones y recomendaciones de la Secretaría de la Defensa, no a una decisión personal del gobernador”, puntualizó.

La gobernadora interina también rechazó que las acusaciones contra exfuncionarios representen un riesgo de desestabilización para Sinaloa. Afirmó que las actividades económicas, sociales y gubernamentales continúan desarrollándose con normalidad.

Piden que exfuncionarios sean enjuiciados en México

En paralelo, la senadora de Morena Imelda Castro consideró que los exfuncionarios acusados deberían enfrentar cualquier proceso judicial dentro de México y no recurrir a mecanismos legales en Estados Unidos.

La legisladora sostuvo que las instituciones mexicanas cuentan con las herramientas necesarias para investigar y sancionar posibles actos delictivos relacionados con el crimen organizado.

“Ellos deben ser juzgados en México, independientemente de que los acuse Estados Unidos; en este país tenemos instituciones, leyes y autoridades”, expresó la senadora sinaloense.

Asimismo, criticó que algunos de los implicados busquen beneficios judiciales en territorio estadounidense bajo esquemas de colaboración o testigos protegidos, una práctica que calificó como contradictoria.

“Resulta algo hipócrita que recurran a ese tipo de mecanismos cuando aquí deberían responder ante la justicia mexicana”, afirmó.

El caso ha generado nuevas tensiones políticas en Sinaloa y revive el debate sobre la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales locales. Además, incrementa la presión sobre las autoridades federales para esclarecer el alcance de las investigaciones realizadas por agencias estadounidenses contra exservidores públicos mexicanos.

Hasta ahora, ni el gobierno federal mexicano ni autoridades estadounidenses han dado a conocer detalles oficiales sobre los posibles acuerdos legales relacionadas con los exfuncionarios mencionados.