
La Secretaría de Energía está en el medio de una batalla contra las empresas internacionales de energías renovables en México, luego de haber limitado la emisión de permisos para plantes eólicas o solares y prohibir la construcción de nuevos proyectos.
Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), salió en defensa del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad, pues aseguró que las plantas eólicas y fotovoltaicas no pagan a la institución por el respaldo ni hacen todo lo posible por contribuir a la infraestructura que los sustenta.
El director de CFE aseguró que “eso no es un libre mercado, es un robo”, para justificar el impedimento a que nuevas plantas de energía renovable se conecten a la red de la compañía estatal.
“¿Crees que es justo que la CFE subsidie a estas compañías que no producen energía todo el día? Las empresas también deberían ayudar a pagar los costos de transmisión”, dijo durante una entrevista exclusiva con Reuters.
Además, Bartlett aseguró que una restauración del monopolio en la energía eléctrica no es uno de los objetivos de la CFE, pero dijo que López Obrador le pidió una garantía para producir 54% de la energía en el país, por lo que debieron tomar medidas extraordinarias y aseguró que habrá inversión de la iniciativa privada.
Por otra parte, se pronunció a favor de la energía verde y la reducción del uso de combustibles en el país, por lo que tacho de “mentira” el rumor de que México se resiste a las energías renovables.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, oficializó el Acuerdo en favor del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), mismo que pretendía poner un freno a las inversiones de energías renovables en México.
El Acuerdo limita la emisión de permisos para plantes eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares con poca capacidad de transmisión, además de imponer una serie de pruebas a las centrales renovables.
También suspende las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes solares, eólicas y fotovoltaicas, pues considera que no generan certidumbre en la confiabilidad en la generación de electricidad continua al ser energías intermitentes.
Sin embargo, llovieron amparos en favor de las inversionistas internacionales, provenientes en su mayoría de Canadá y la Unión Europea. La instrucción, entonces, fue que se permitiera a las empresas renovables continuar con las pruebas necesarias.
Cenace respetó la legalidad en primera instancia y dio instrucciones a las áreas operativas para permitir la reanudación de más de 20 compañías que realizan pruebas en el país en 23 plantas distintas de energía solar y eólica, de acuerdo con medios locales.
Horas más tarde informaron que se buscarán las impugnaciones a la suspensión provisional del juzgado de Distrito para que los generadores de energías limpias detengan sus pruebas preoperativas de las Centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas, de acuerdo con el diario El Universal.

Fue entonces cuando los estados mexicanos salieron a combatir el Acuerdo. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, advirtió que utilizará todos los recursos legales a su alcance para para evitar que se cancelen los proyectos de energía eólica en la entidad.
Un total de 11 parques eólicos y cuatro proyectos nuevos estarían en peligro dentro de Tamaulipas, así cono sus inversiones por más de dos mil 300 millones de dólares y mil 200 millones de dólares, respectivamente.
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