Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, culpó al ex presidente Felipe Calderón de traición a la patria. Esto por haber estado al tanto del operativo “rápido y furioso”, con el que se introdujo a territorio nacional miles de armas de alto calibre con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento entre 2009 y 2011.
“Felipe Calderón conocía de la introducción ilegal de las armas a nuestro país y con ellas se asesinaron a miles de mexicanos. Con ello, violó la Constitución mexicana y permitió además que se violentara la soberanía nacional, con lo que se configura el delito de traición a la patria”, expresó Padierna durante la reunión virtual de la Comisión Permanente.
“Después le siguió el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que no movió un dedo a pesar de las sendas investigaciones y documentos que entregaron autoridades de Estados Unidos”, añadió la legisladora de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicho operativo, como ha reconocido el Departamento de Justicia estadounidense en su informe publicado en septiembre de 2012, involucró el trasiego de 2,000 armas de alto calibre que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia.
El operativo fue llevado a cabo por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense, (ATF, por sus siglas en inglés) y comenzó a implementarse a finales de 2009, durante el sexenio de Calderón (2006-2012).
“Estos documentos demuestran que hubo la participación del más alto nivel de las autoridades. Fue Calderón, pero también Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora”, añadió Padierna, en referencia al entonces secretario de seguridad pública y el procurador general, respectivamente.
García Luna, uno de los principales encargados de instrumentar la “Guerra contra el narcotráfico”, se encuentra detenido en Estados Unidos, acusado de corrupción y nexos con grupos criminales. “Ellos permitieron la entrada de armas ilegales”, acusó la diputada.
Calderón, por su parte, ha negado tajantemente haber conocido de las andanzas de las que se acusa a García Luna y también ha reiterado que su gobierno desconocía el operativo cuando ocurrió en territorio mexicano.
Sin embargo, la discusión de este tema durante la primera sesión virtual en la historia de la Comisión Permanente del Congreso mexicano fue duramente criticada por la oposición, que consideró el tema poco prioritario frente a la epidemia de coronavirus que atraviesa el país.
“Me sumo a las voces que establecen que de verdad hay temas muy relevantes, como para hablar de algo que pasó hace 10 años y que ustedes son gobierno y tienen todas las posibilidades de investigar y castigar, y no sólo seguir denunciando mediáticamente, pero, bueno, hablemos de ‘rápido y furioso’”, expresó la senadora del opositor PAN (Partido Acción Nacional), Xóchitl Gálvez.
Padierna respondió que “hay que hablar de la pandemia y la reconstrucción del país”. “Eso pasa por impedir la impunidad de los gobiernos anteriores”, aseveró.
Claudia Ruiz Massieu, por su parte, senadora del PRI (Partido Revolucionario Institucional), indicó que su partido reconocía que “el tráfico de armas es un asunto trascendental para nuestra relación bilateral, que tiene consecuencias directas sobre el gran reto de seguridad que enfrenta nuestro país”, pero que el debate se daba en un contexto de emergencia sanitaria nacional e internacional.
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