El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por su presunta participación en un esquema de sobornos relacionado con la organización criminal del canadiense Ryan Wedding, busca ser juzgado en México y no en Estados Unidos, país que lo requiere por nueve cargos federales.
La petición fue presentada este viernes 6 de noviembre por su abogado defensor, Miguel González Sánchez, quien sostuvo que cualquier responsabilidad derivada de las funciones judiciales de su representado debe determinarse ante las autoridades mexicanas y conforme a las leyes nacionales.
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“Cualquier eventual responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo debe ser definida por el Estado mexicano, conforme a su legislación y ante sus propias autoridades, y no por estados diferentes como en este caso se ha buscado”, señaló el litigante en un comunicado, de acuerdo con información de Associated Press (AP).
El planteamiento ocurre mientras Benítez Alcántara permanece bajo custodia en Colombia, donde fue detenido a petición de las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos adelantó que solicitará su extradición para que responda por los señalamientos relacionados con la liberación de Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado como segundo al mando de la organización de Wedding.
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¿De qué acusan al juez Luis Benítez Alcántara?
De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, Benítez Alcántara habría recibido un soborno de dos millones de dólares para conceder la libertad bajo fianza a Andrew Clark, quien enfrentaba un procedimiento de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato.
Clark fue detenido en México en octubre de 2024 y quedó bajo la supervisión judicial de Benítez Alcántara, quien entonces se desempeñaba como juez federal en la Ciudad de México y tenía a su cargo el procedimiento para determinar su entrega a las autoridades estadounidenses.
En noviembre de ese año, el gobierno de Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición del ciudadano canadiense. Sin embargo, según la investigación estadounidense, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 Clark habría transferido aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados para conseguir su liberación.
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La fiscalía sostiene que, dentro de ese esquema, se acordó entregar alrededor de dos millones de dólares al juzgador mexicano a cambio de una resolución favorable.
El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara habría recibido la totalidad del dinero pactado y ese mismo día concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su salida de prisión.
El canadiense permaneció libre durante algunos días, hasta que fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y asesinato.
La acusación contra el juez fue presentada ante un gran jurado federal y contempla nueve cargos por complicidad posterior al delito (accessory after the fact), una figura penal relacionada con ayudar a una persona a evadir su detención, juicio o castigo después de cometer un delito.
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Si es declarado culpable, Benítez podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada uno de los nueve cargos, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.
El juez, el soborno y la pugna por el juicio
Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia
Defensa niega que haya recibido dinero para liberar a Andrew Clark
El abogado Miguel González Sánchez rechazó los señalamientos contra su representado y aseguró que Benítez Alcántara no ordenó la liberación de Clark con la intención de ayudarlo a evadir la justicia.
De acuerdo con la defensa, la resolución judicial se tomó dentro del marco legal y no como resultado de un acuerdo económico con integrantes de la organización criminal.
“No ordenó la liberación o buscó que Andrew Clark se sustrajera de la justicia, su decisión, como se demostrará, fue en derecho y dentro del marco de la legalidad”, sostuvo el litigante.
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El abogado también manifestó que están dispuestos a atender los requerimientos de las autoridades, siempre que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.
Por su parte, la policía colombiana informó que Benítez fue detenido el domingo 1 de noviembre en el aeropuerto de Bogotá, cuando pretendía abordar un vuelo de regreso a la Ciudad de México. La captura se realizó mediante un operativo coordinado con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, señaló que el juzgador presuntamente se encontraba en Bogotá con el propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales para el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.
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Tribunal de Disciplina Judicial abre investigación
En México, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) informó que inició una investigación de oficio por los hechos atribuidos al juzgador, luego de que se conociera su detención en territorio colombiano.
El organismo también señaló que Benítez Alcántara tenía cuatro investigaciones administrativas en curso relacionadas con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, aunque precisó que estas no guardaban relación con el caso por el que fue detenido.
La detención del juez forma parte de una investigación internacional relacionada con la estructura criminal de Ryan Wedding, excompetidor olímpico canadiense de snowboard, señalado por las autoridades estadounidenses como responsable de encabezar una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína y vinculada con hechos violentos.
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Wedding fue detenido en México en enero de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, asesinato e intento de asesinato.
Mientras avanzan los procedimientos judiciales en Colombia, la defensa de Benítez Alcántara busca que las autoridades mexicanas determinen cualquier responsabilidad relacionada con sus actuaciones como juez, en contraste con la intención de Washington de llevarlo ante un tribunal estadounidense.
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