Cómo el gobierno de López Obrador puso en riesgo la generación de energías limpias

El sábado pasado, entró en vigor un acuerdo en donde la Secretaría de Energía (Sener) asume el control total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), es decir, toma el mando sobre quién, dónde y cuánto pueden generar energía, lo que se contrapone con lo decretado en el 2014, donde la reforma energética estableció un operador de mercado independiente que se encargaría de vigilar lo anterior.

Como antecedente, a finales de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (covid-19)”, sin someterlo a consulta pública o a consideración de la industria privada, y donde se suspendió la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable en todo el país.

Por su parte, desde hace tiempo, es sabido que el Presidente de México y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, insisten con que la CFE genere 54% de la electricidad y 46% los privados. Contemplando esta petición y los acuerdos realizados en las últimas semanas, se rumora que lo que podría estar en peligro es casi la mitad de la generación de electricidad del país.

Sin embargo, cabe aclarar que el oficio que entró en vigor el sábado, sólo afecta a las renovables, es decir, de acuerdo con la información que Rocío Nahle dio a conocer el día de ayer, vía Twitter, realmente sólo un 11.8% de la electricidad estaría en riesgo, correspondiente a la energía fotovoltaica (generación de energía a través de paneles solares)(4.3 %) y eólica (generación de electricidad a través del viento) (7.5 %).

Cabe destacar que las energías correspondientes a la Geotermia, Nuclear e Hidroeléctrica, no las maneja la industria privada, ellas están a cargo de la CFE.

Consecuencias del Acuerdo del Cenace

A pesar de ser un porcentaje menor, éste representa una serie de resultados que organismos empresariales ya están tomando en cuenta para actuar legalmente. En un análisis técnico publicado la mañana de este lunes por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, se contemplan varias consecuencias de la acotación de la energías renovables, entre ellas:

1. Rompe el orden de reglas ya establecidas en disposiciones legales y normativas, sin un sustento técnico, económico o ambiental que lo justifique; aprovechando como pretexto la declaración de la alarma sanitaria.

2. Al tener que producir electricidad y no poder hacerlo a través de energías limpias, se busca inyectar electricidad procedente de fuentes fósiles contraviniendo los compromisos establecidos por México en el Acuerdo de París a través de los Compromisos Nacionalmente Determinados (NDC)17 en cuanto a las disminuciones obligatorias de emisiones de gases de efecto invernadero.

3. Al privilegiar el uso de combustóleo alto en azufre producido por Pemex, expone a las comunidades donde se ubican las plantas térmicas que lo consumen a una pésima calidad del aire, a la degradación de los ecosistemas y a los efectos de la lluvia ácida.

Además, ante las irregularidades extra legales que se llevaron a cabo para la planeación y operación del SEN, la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y la Confederación Patronal de México (Coparmex) ya advirtieron que dicho acuerdo atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético mexicano, por lo que el asunto llegará a los tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de los contratos ya establecidos.

Los organismos empresariales alertaron sobre amparos que ya comenzaron a reportarse y los cuales se extenderán hasta llegar a instancias de arbitraje nacional e internacional.

“Nuevamente es un mensaje contradictorio que en medio de la pandemia del coronavirus y justo cuando México debe generar certeza al interior y al exterior para buscar promover la inversión productiva en un tema tan relevante para las nuevas generaciones, se decide tomar una decisión que a todas luces solamente responde a un criterio cerrado de los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad”, sostuvo Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

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