La Suprema Corte analiza echar atrás la Ley Bonilla que extendió de dos a cinco años la actual gubernatura en Baja California

Nueva información se ha dado a conocer en torno a la llamada Ley Bonilla, por la cual se amplió el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Y es que Fernando Franco González Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso declararla inconstitucional.

El proyecto que el ministro Franco repartió entre los 10 integrantes del Pleno y prevé declarar fundada la acción de inconstitucionalidad y así poder invalidar la reforma a la Constitución de Baja California, pues ésta se podría considerar como contraria a la Carta Magna federal. Este caso se discutirá el lunes de la próxima semana.

Para invalidar la Ley Bonilla se necesitan de ocho votos, pues se trata de una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, se desconoce el punto de vista de los ministros Yazmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis Alcántara Carrancá.

“Visto el estado procesal del expediente, toda vez que ha transcurrido el plazo legal concedido a las partes para que formularan alegatos y que los autos se encuentran debidamente integrados, se cierra instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente”, se puede leer en el acuerdo enviado por el ministro González Salas.

Cabe recordar que contra las reformas a la constitución local motivadas por Bonilla se interpusieron siete acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y el Partido de Baja California. Así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral.

En octubre del año pasado, el ministro González Salas rechazó frenar la toma de protesta de Bonilla como mandatario de Baja California; sin embargo, puntualizó que el hecho de que asumiera sus funciones no significaba que quedarían sin materia las acciones de inconstitucionalidad impuestas en su contra y es por ello que este proceso podrá continuar.

Además, en diciembre de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también consideró inconstitucional la reforma que aprobó el Congreso de Baja California a petición de la solicitud que hizo la SCJN al respecto.

“El Decreto 351, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 17 de octubre de 2019 por el que se reforma el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución local, de 11 de septiembre de 2014, se aparta de la regularidad constitucional”, se puede leer en el documento del TEPJF.

En la resolución, disponible en los estrados electrónicos, los magistrados electorales determinaron no pronunciarse sobre el procedimiento legislativo a través del cual los diputados locales reformaron el octavo transitorio de la Constitución política de Baja California.

Tampoco emitieron una postura sobre el principio de retroactividad de las leyes, al considerar que dichos motivos de invalidez no son de carácter electoral y sólo corresponde a los ministros de la Corte determinar su constitucionalidad o no.

En 2014, el Congreso mexicano aprobó la reforma electoral que contempló ajustar los periodos de gobierno de algunas entidades federativas, para empatarlas con los comicios federales y así reducir los gastos correspondientes a la organización electoral. Conforme a estas modificaciones, el siguiente gobernador de Baja California entraría en funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluiría el el 31 de octubre de 2021.

No obstante, con la reforma aprobada por el Congreso de Baja California establece que gubernatura elegida en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 21 de octubre de 2024. Mientras que el gobernador estatal del siguiente proceso comenzaría el 1 de noviembre de es 2024 y finalizaría el 31 de agosto de 2030.

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