¿Cómo vamos? La 4T impone el registro obligatorio de líneas celulares mientras las extorsiones telefónicas siguen en aumento

El Gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) vuelve a apostar por una fórmula recurrente en su estrategia de seguridad: imponer nuevas obligaciones a los ciudadanos, concentrar información personal y presentar medidas administrativas como soluciones a problemas que requieren inteligencia, capacidad tecnológica y eficacia institucional.

Esta vez, el objetivo es la telefonía móvil, mediante el registro obligatorio de líneas celulares vinculado a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y a la identificación oficial de sus titulares.

La justificación oficial parece, en principio, difícil de cuestionar: combatir la extorsión, reducir el fraude telefónico y dificultar que los delincuentes utilicen números anónimos para cometer delitos.

Sin embargo, al examinar el funcionamiento de las redes criminales y sus posibilidades de adaptación tecnológica, surge una pregunta inevitable: ¿de qué sirve obligar a millones de mexicanos a registrar sus teléfonos si los delincuentes pueden continuar operando mediante otros mecanismos?

La medida se presenta como una herramienta para cerrarles el paso a las organizaciones criminales. No obstante, por sí sola no bloquea las llamadas fraudulentas, no impide el envío de mensajes de phishing, no desmantela centros de extorsión ni evita la suplantación de números telefónicos.

En otras palabras, el Gobierno exige a los ciudadanos acreditar su identidad para utilizar un servicio que los delincuentes pueden seguir explotando mediante tecnologías y mecanismos que no dependen necesariamente de una tarjeta SIM registrada en México.

Una medida que no resuelve el problema de fondo

El registro obligatorio parte de una premisa que parece pasar por alto la evolución del cibercrimen: identificar al titular de una línea telefónica no equivale a identificar a la persona que comete un delito.

Los grupos dedicados al fraude y la extorsión no dependen exclusivamente de tarjetas SIM adquiridas de manera anónima. Algunas de sus operaciones pueden recurrir a servicios de telefonía por internet (VoIP), sistemas automatizados de marcación y técnicas de spoofing, que permiten manipular el identificador de llamadas para mostrar un número distinto al que realmente origina la comunicación.

Esto significa que un ciudadano puede recibir una llamada que aparentemente proviene de un número celular mexicano, aunque la comunicación se origine mediante infraestructura tecnológica ubicada en otro país. Por tanto, el registro de líneas nacionales difícilmente puede resolver, por sí solo, este problema.

A ello se suma la posibilidad de utilizar identidades robadas, CURP obtenidas mediante filtraciones de información o personas reclutadas como prestanombres para registrar tarjetas SIM. La delincuencia no necesita esperar a que concluya un calendario administrativo para adaptarse a una nueva disposición: puede modificar sus procedimientos y aprovechar las vulnerabilidades del sistema.

De esta manera, una medida presentada como barrera contra la extorsión corre el riesgo de convertirse principalmente en un obstáculo para los usuarios legítimos, mientras los grupos criminales mantienen alternativas para continuar sus operaciones.

Las llamadas fraudulentas no desaparecen con la suspensión de líneas

La implementación escalonada del registro obligatorio también permite cuestionar los alcances de la estrategia.

Al cierre de octubre de 2026, las líneas con terminaciones 0, 1, 2, 3, 4 y 5 habían alcanzado sus respectivas fechas límite de registro. Aquellas que no cumplieron el procedimiento comenzaron a enfrentar la suspensión de sus servicios.

Sin embargo, suspender una línea no significa que ese número deje de aparecer en los sistemas utilizados para realizar llamadas fraudulentas. Mediante técnicas de suplantación del identificador telefónico, los delincuentes pueden mostrar números que no corresponden a la línea desde la cual se origina realmente una comunicación.

Así, mientras el Gobierno reporta avances administrativos en el registro y control de líneas telefónicas, los usuarios continúan expuestos a llamadas sospechosas, mensajes engañosos y comunicaciones diseñadas para obtener información personal o financiera.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede considerarse exitosa una política que presume avanzar en la regularización de líneas, pero que no garantiza que los ciudadanos dejen de recibir comunicaciones fraudulentas?

Más obligaciones para los ciudadanos, nuevas oportunidades para los delincuentes

Uno de los aspectos más cuestionables de esta iniciativa es que traslada la responsabilidad del cumplimiento a millones de usuarios que no tienen ninguna relación con las actividades delictivas que supuestamente se busca combatir.

Los ciudadanos deben proporcionar información personal, cumplir procedimientos de identificación y atender los plazos establecidos por las autoridades, bajo la amenaza de quedarse sin servicio telefónico.

Todo ello para acreditar una identidad que, en muchos casos, las compañías telefónicas ya conocen a partir de sus relaciones contractuales y procesos de contratación.

Mientras tanto, los delincuentes pueden recurrir a identidades falsas, documentos robados, prestanombres, servicios internacionales de telefonía y plataformas digitales para mantener sus operaciones.

El resultado es una evidente asimetría: el ciudadano común enfrenta nuevas obligaciones y posibles consecuencias administrativas, mientras que quienes cometen delitos conservan múltiples alternativas tecnológicas para evadir los controles.

La 4T parece confundir regulación con seguridad. Registrar millones de números telefónicos puede generar estadísticas, expedientes y bases de datos, pero no sustituye la investigación criminal, la prevención del delito ni la capacidad institucional para perseguir a quienes operan redes de fraude y extorsión.

Los datos de monitoreo de la unidad de investigación de SILIKN apuntan a un escenario que cuestiona la eficacia de esta política. De acuerdo con sus registros, los intentos de fraude, estafa y extorsión telefónica aumentaron hasta 90% durante 2026, particularmente en comunicaciones asociadas con números cuyas terminaciones se encuentran entre las que han sido objeto de suspensión.

Es importante precisar que esta cifra corresponde al monitoreo de SILIKN y no constituye una estadística oficial de alcance nacional. Sin embargo, representa una señal de alerta sobre la capacidad de adaptación de los grupos criminales y la necesidad de evaluar las políticas públicas a partir de sus resultados, no únicamente de sus anuncios.

Incluso el propio registro se ha convertido en un posible recurso para los estafadores. Mediante llamadas y mensajes fraudulentos, algunos delincuentes se hacen pasar por representantes de compañías telefónicas o autoridades para advertir a sus víctimas que sus líneas serán suspendidas si no proporcionan determinados datos personales o códigos de verificación recibidos por SMS.

La paradoja es evidente: una iniciativa concebida para combatir el fraude también puede convertirse en un argumento que los propios defraudadores utilizan para perfeccionar sus engaños.

El riesgo de concentrar millones de datos personales

Existe otro problema que merece especial atención: la seguridad de la información que se pretende concentrar.

Vincular números telefónicos con identificaciones oficiales y CURP implica reunir información de alto valor para los delincuentes. En un país donde las filtraciones de bases de datos, el robo de identidad y la comercialización ilegal de información personal representan amenazas constantes, la creación de nuevos repositorios de datos exige garantías sólidas de protección.

La experiencia mexicana debería servir como advertencia. El antecedente del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), implementado en 2009 y posteriormente eliminado, dejó una lección sobre los riesgos de construir padrones masivos sin resolver adecuadamente sus vulnerabilidades.

Una eventual filtración de la nueva información podría proporcionar a los delincuentes elementos para cometer fraudes más sofisticados, suplantar identidades, diseñar campañas de ingeniería social y dirigir ataques contra personas específicas.

El Gobierno no puede limitarse a exigir los datos de los ciudadanos. También debe demostrar que cuenta con infraestructura, protocolos de seguridad, auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas para protegerlos.

Aquí surge otra contradicción: si las autoridades enfrentan dificultades para garantizar la seguridad de distintas bases de datos institucionales, ¿qué certeza tienen los mexicanos de que una nueva concentración de información personal estará realmente protegida?

A esto se suma una preocupación legítima en materia de derechos digitales: la identificación obligatoria de los usuarios puede reducir el anonimato en las comunicaciones y facilitar la vigilancia de las relaciones entre ciudadanos. Sin controles estrictos, transparencia y supervisión independiente, una herramienta concebida para apoyar las investigaciones criminales podría abrir espacios para abusos y prácticas de vigilancia desproporcionada.

Una herramienta de investigación no equivale a una política de prevención

Es necesario reconocer que asociar una línea telefónica con una identidad puede facilitar determinadas investigaciones. En casos de secuestro, extorsión o fraude organizado, contar con información contractual y registros de conexión puede aportar elementos útiles para las autoridades.

Sin embargo, esto no significa que el registro sea una solución efectiva contra las llamadas fraudulentas que recibe cotidianamente la población.

Su utilidad depende de que exista una denuncia, una investigación ministerial, personal especializado, herramientas tecnológicas, cooperación con las compañías telefónicas y capacidad institucional para procesar la información.

Es decir, depende precisamente de las instituciones que tienen la responsabilidad de combatir estos delitos.

El registro tampoco sustituye la necesidad de implementar mecanismos para detectar llamadas fraudulentas, bloquear comunicaciones maliciosas, rastrear infraestructura criminal, desmantelar centros de extorsión y perseguir financieramente a las organizaciones responsables.

Identificar al titular de una tarjeta SIM es apenas una pieza dentro de una investigación. Convertir ese procedimiento en el eje de una política nacional contra la extorsión es, cuando menos, una apuesta insuficiente.

La 4T necesita resultados, no más padrones

El problema de fondo es que el Gobierno vuelve a privilegiar una solución administrativa frente a un desafío tecnológico y criminal mucho más complejo.

En lugar de fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías, profesionalizar a las policías cibernéticas, mejorar los mecanismos de denuncia y establecer sistemas eficaces para detectar fraudes telefónicos, se opta por imponer una obligación generalizada a la población.

La seguridad no se construye acumulando identificaciones oficiales ni creando bases de datos cada vez más grandes. Se construye mediante instituciones capaces de investigar, anticiparse, responder y sancionar a quienes cometen delitos.

Si después de registrar millones de líneas los mexicanos continúan recibiendo llamadas de extorsión, mensajes fraudulentos y engaños telefónicos, las autoridades tendrán que explicar qué resultados concretos produjo la medida y cuánto costó implementarla.

La 4T debe entender que la delincuencia no se combate con trámites ni con amenazas de suspensión del servicio. Los criminales no esperan a que termine un calendario administrativo para actualizar sus herramientas: se adaptan, migran a otras tecnologías y buscan nuevas formas de operar.

Mientras tanto, los ciudadanos quedan atrapados entre la obligación de entregar sus datos personales y la incertidumbre sobre la seguridad de esa información.

Al final, el Gobierno debe responder una pregunta fundamental: ¿cuántas extorsiones se han evitado, cuántas redes criminales se han desmantelado y cuántos delincuentes han sido detenidos gracias al registro obligatorio de líneas celulares?

Si las autoridades no pueden demostrarlo con resultados verificables, México podría estar frente a otra política pública que genera más burocracia, incrementa los riesgos para la privacidad y ofrece una falsa sensación de seguridad, sin resolver el problema que prometió combatir.

Los mexicanos no necesitan otro padrón. Necesitan instituciones y un Gobierno capaces de protegerlos.

* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | CompTIA Security+ ce Certification | CyberOps Associate (CCNA CyberOps) | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

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