
Las ineficientes respuestas de varios gobiernos de América Latina ante la propagación de coronavirus (COVID-19) y su afectación en las economías podrían ocasionar consecuencias catastróficas, al grado de conducir a uno de los episodios más trágicos en la historia de la región.
Así lo indicaron líderes regionales para la cooperación internacional y el liderazgo democrático a través de un informe publicado en el diario El País. Entre las firmas del documento destacan la de los ex presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León (México, 1994-2000), Juan Manuel Santos (Colombia, 2010-2018), Ricardo Lagos (Chile, 2000-2006), Fernando Henrique Cardoso (Brasil, 1995-2002); así como de catedráticos en economía y políticas públicas de distinguidas universidades del mundo.
La misiva señala que esta crisis sanitaria-económica requiere una acción rápida y decisiva de los jefes de estado; sin embargo, hasta ahora las medidas han sido desiguales.
De acuerdo con los suscribientes, mientras el gobierno argentino está haciendo de la protección de la salud pública su principal objetivo, otros (sin mencionar a algún nombre en específico) han tendido a minimizar los riesgos de la pandemia, informando mal a los ciudadanos y haciendo caso omiso tanto de la evidencia científica como del consejo de sus propios expertos. Asimismo, en lugar de movilizar todas las capacidades a su disposición, algunos gobernantes han optado por jugar a la política populista y divisiva en medio de esta tragedia.

En cuanto a lo micro y macroeconómico, los catedráticos aseguran que los subsidios son esenciales para ayudar a las empresas, particularmente en las pequeñas y medianas, para así evitar quiebras generalizadas y poder mantener su fuerza laboral durante el período de distanciamiento social generalizado, así como para garantizar que se recuperen después de la emergencia sanitaria.
Sin este apoyo, la falta de liquidez pronto se convertirá en un problema de solvencia, y entonces los aplazamientos de impuestos, reinversiones de préstamos y créditos subsidiados no serán suficientes.
Sobre las bancas nacionales, subrayaron que esta emergencia requiere garantías de crédito sin precedentes proporcionadas por los gobiernos para garantizar que los bancos mantengan los préstamos, así como también cambios temporales en la regulación para promover incentivos para la expansión del crédito.

Ante este complicado panorama financiero, los analistas sostienen algunas puntualizaciones que sugieren a los gobiernos latinoamericanos y del Caribe seguir:
- Reguladores, las agencias de calificación crediticia y las instituciones de normas contables deben adaptar sus criterios para hacer frente a las circunstancias sistémicas excepcionalmente adversas.
- El apoyo externo para las cuentas fiscales y la balanza de pagos es indispensable en esta crisis, especialmente para los países más pequeños y menos desarrollados de América Latina.
- Para muchas economías de la región, un apoyo externo oficial sustancialmente mayor será la única forma de hacer frente a esta combinación sin precedentes de shocks adversos, señalando al Fondo Monetario Internacional (FMI) como organismo esencial.
- Sobre el prestamista mundial, dijeron que debería aumentar significativamente el acceso a las instalaciones con desembolsos más rápidos y menor condicionalidad, como el Instrumento de Financiación Rápido (RFI, por sus siglas en inglés) del FMI o crear nuevas líneas de pandemia.
- Los principales bancos centrales pueden ayudar aún más a reducir las tensiones de liquidez cambiaria.
- Bancos multilaterales de desarrollo (BMD) como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF deberían duplicar la cantidad de préstamos netos a la región y aprovechar los mercados de capital global altamente líquidos para proporcionar un mayor apoyo presupuestario a los países más necesitados.

De igual forma, la suspensión de la deuda podría complementar los préstamos oficiales en circunstancias excepcionales y en países sin acceso a los mercados.
Finalmente, en cuanto a los sistemas de salud, la región también necesita una coordinación global más fuerte entre las autoridades de salud para mejorar la capacidad de realizar pruebas, tratar y aislar a los pacientes.
Para ello, las compañías farmacéuticas deberían ayudar a los países con materiales reactivos a ampliar las pruebas y con acceso abierto a la tecnología para producirlos.
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