Desmantelan una red de tráfico de fentanilo ligada al Cártel de Sinaloa en Kansas, EEUU: catorce personas se declararon culpables

Una operación conjunta de agencias federales, estatales y locales culminó con la sentencia de 15 personas condenadas en Wichita, Kansas, por integrar una red de narcotráfico que distribuía fentanilo, cocaína y metanfetamina para el Cártel de Sinaloa. El operativo estuvo a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés).

El líder de la organización, Euriel Talavera, de 32 años y residente de Wichita, mantenía contacto directo con miembros del cártel mexicano y coordinaba los envíos de droga hacia Kansas. Se declaró culpable de conspiración para distribuir fentanilo y recibió una condena de 228 meses de prisión.

Cómo operaba la red de narcotráfico en Wichita

La investigación comenzó en diciembre de 2022, cuando el FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Policía de Wichita detectaron una organización que distribuía droga en la ciudad bajo el control del Cártel de Sinaloa.

Según documentos judiciales, los integrantes de la red viajaban cada pocas semanas desde Wichita hasta Phoenix, Arizona u otros puntos del país para recoger grandes cantidades de droga. Luego regresaban a Kansas para su distribución.

Un episodio central del caso ocurrió cuando los investigadores conocieron un acuerdo para trasladar 160 mil pastillas falsificadas de Percocet adulteradas con fentanilo hacia Wichita. Las fuerzas del orden establecieron vigilancia, presenciaron el intercambio y, tras un control de tráfico, incautaron la droga.

La investigación conjunta de cinco agencias federales y locales permitió identificar a 15 personas. Once de ellas recibieron condenas de prisión efectiva, con penas que van de los 12 meses y un día hasta los 228 meses. Las cuatro restantes fueron sentenciadas a libertad condicional, y una más, aunque se declaró culpable, permanece prófuga antes de conocer su sentencia.

La condena de Talavera, cabecilla de la organización

Talavera fue identificado como el nexo entre la red de Wichita y los miembros del cártel en México. Los documentos judiciales indican que mantenía comunicación regular con esos contactos para coordinar el abastecimiento de droga.

Al declararse culpable de un cargo de conspiración para distribuir fentanilo, recibió la pena más alta de todo el proceso: 228 meses de prisión, equivalentes a 19 años.

Las penas para los otros 14 acusados

Junto a Talavera, otros 14 acusados se declararon culpables de delitos relacionados con la misma investigación. Las condenas variaron según el cargo y el grado de participación de cada uno en la organización.

Jonathan Gutierrez-Diaz, de 30 años e inmigrante indocumentado de México, recibió 136 meses de prisión por conspiración para distribuir fentanilo. Joe Louis Washington, de 33 años y residente de Wichita, fue sentenciado a 120 meses por conspiración para distribuir metanfetamina.

Otras condenas por delitos de distribución fueron para Aron Garcia-Campa, de 36 años, con 96 meses de prisión, y Alexis Ortega-Ramos, de 29 años e inmigrante indocumentado de México, con 72 meses.

Por posesión de armas de fuego vinculadas a delitos de narcotráfico, Shelan D. Peters, de 24 años, y Jermel L. Goines, de 44 años, ambos de Wichita, recibieron 60 meses de prisión cada uno.

Por uso de medios de comunicación para facilitar delitos de narcotráfico fueron condenados Breili Osmani Sermeno-Hernandez, de 42 años e inmigrante ilegal de Guatemala, con 48 meses, y Heiu Kevin Nguyen, de 33 años y residente de Wichita, con 24 meses.

Katia Nevarez, de 29 años y residente de Wichita, se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciada a 12 meses y un día de prisión. Richard Oral Mathie, de 60 años y residente de Elmendorf, Texas, también se declaró culpable de conspiración para distribuir fentanilo, pero se fugó antes de conocer su sentencia.

Otros cuatro acusados, todos de Wichita, recibieron penas de libertad condicional: Santiago Rodríguez, de 25 años; Ángel García, de 26; Dominitrix M. Jones, de 33, y Alonso Pacheco-Tabullo, de 23.

Reacciones de las autoridades federales

El fiscal federal Ryan A. Kriegshauser explicó el objetivo del operativo. “La misión de HSTF es salvar vidas arrestando a narcotraficantes transnacionales y confiscando el veneno que distribuyen antes de que llegue a nuestras comunidades”, afirmó.

Kriegshauser detalló además el momento clave de la investigación, cuando las fuerzas del orden interceptaron el cargamento de pastillas falsificadas tras establecer vigilancia sobre el intercambio.

El agente especial a cargo del FBI en Kansas City, Chris Ormerod, remarcó el impacto del modelo de trabajo conjunto. “El modelo HSTF está mejorando la seguridad de nuestras comunidades al detectar, desarticular y desmantelar organizaciones de narcotráfico”, declaró, y agregó que continuarán trabajando con sus socios para identificar a quienes intenten introducir droga en Kansas.

Por su parte, el agente especial interino a cargo de HSI Kansas City, Rick Sabatini, apuntó directamente al Cártel de Sinaloa. “Los cárteles como el de Sinaloa no solo trafican drogas, sino que también trafican muerte en nuestras comunidades”, sostuvo.

Sabatini agregó que la operación demuestra el resultado de la presión conjunta entre HSI y sus socios del HSTF: “Desmantelamos las redes que distribuyen fentanilo y metanfetamina en Kansas, confiscamos sus ganancias y encarcelamos a sus miembros”.

Qué es el HSTF y quiénes investigaron el caso

El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) es una asociación gubernamental integral dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de contrabando y trata de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos. La iniciativa fue establecida por la Orden Ejecutiva 14159, denominada Protección del Pueblo Estadounidense Contra la Invasión.

Según el comunicado oficial, el HSTF pone énfasis particular en investigar delitos que involucran a niños y utiliza distintas herramientas legales para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los extranjeros considerados más violentos.

El HSTF Kansas City está compuesto por agentes y oficiales del FBI, HSI, DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Kansas estuvo a cargo del procesamiento judicial del caso.

El caso también contó con la participación de la Patrulla de Carreteras de Kansas (KHP) y el Departamento de Policía de Wichita, que colaboraron desde el inicio de la investigación en 2022.