La justicia mexicana empieza a darle la razón al personal médico, que en diferente zonas del país, han tramitado amparos para exigir que se les brinde la protección necesaria para llevar a cabo su labor en el combate al COVID-19.
La medida legal garantiza que en sus lugares de trabajo se brinde a los empleados el equipo necesario para tratar los contagios. En otros casos, les autoriza a no tratar a pacientes infectados del nuevo coronavirus, ya sea por no contar con los insumos para hacerlo o por presentar problemas de salud que pudieran representarles un riesgo mortal.
Y no es para menos. La Secretaría de Salud reportó que al corte del 24 de abril ya sumaban 1,934 casos de contagios entre el personal médico, un 15% de los casos positivos totales en el país. También se informó que hasta este martes, sumaban 24 decesos en ese sector.
Recurren a los amparos para protegerse
En Quintana Roo, alrededor de 300 trabajadores médicos de un hospital del IMSS en Cáncun se encuentran a la espera de que les sea otorgado un amparo para no atender a pacientes con el virus, argumentando que además de no contar con la protección necesaria para atender los casos, su unidad de trabajo es una clínica pequeña que carece de la infraestructura necesaria para ser hospital COVID-19.
“No estamos preparados para atender casos de COVID-19 (...) varios de nuestros compañeros se han contagiado al atender a pacientes e incluso algunos compañeros han fallecido”, dijo a Radio Fórmula el Dr. Juan Manuel Magaña, Secretario General Adjunto de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de ISSSTE.
Mientras en ese caso están a la espera, otros ya han conseguido el amparo.
En Acuña, Coahuila, la doctora Azalea Castro sentó precedente al ganar un amparo contra el IMSS, mismo que le permite evitar presentarse a trabajar hasta que se le garantice protección, medidas de seguridad y el equipamiento necesario para el desempeño de su función. Y mientras eso sucede, la medida le asegura seguir percibiendo su salario habitual completo.
Por suponerle un factor de riesgo, en Durango, Luis Enrique Garay, médico internista del hospital 46 del IMSS del municipio de Gómez Palacio, obtuvo una suspensión de oficio y de plano de amparo para evitar que trate a pacientes con el virus, ya que padece diabetes.
También una doctora de un hospital de Naucalpan, en el Estado de México, consiguió ampararse para no tratar a pacientes con COVID-19. La mujer tiene un hijo con artritis, por lo que al estar en contacto con personas contagiadas estaba en alto riesgo, según consideró la justicia.
En Tabasco, una doctora del Hospital General de zona 46 del IMSS de Villahermosa ganó un amparo para que le proporcionen material médico y sanitario para su debida protección, ya que la médico argumentó temer por su salud al no contar con el equipo necesario para atender a pacientes con coronavirus.
Un caso similar se presentó en Oaxaca, donde personal del Hospital Presidente Juárez del ISSSTE se amparó para que su patrón les diera la protección necesaria para garantizar que no existieran riesgos de contraer el virus.
En es mismo estado, un juzgado resolvió a favor del amparo interpuesto por cuatro enfermeras del Hospital General de Tuxtepec para demandar la inmediata entrega de insumos, material y equipo de protección médico a fin de enfrentar la pandemia.
Estas acciones se presentan en un escenario en el que continúan las protestas en hospitales, a lo largo del país, en exigencia también de que se brinde al personal médico los insumos de trabajo y protección necesarios para dar a los pacientes contagiados de COVID-19 un tratamiento eficaz y adecuado.
Hasta el momento, México contabiliza 1,569 muertos y 16,752 casos confirmados positivos al virus.
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