La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió este miércoles a los estados que aprueben, promulguen y publiquen sus propias leyes de amnistía, en consonancia con la norma federal aprobada el lunes por el Senado de la República para reducir los riesgos de contagio de Covid-19 en cárceles del país.
Durante una reunión virtual con autoridades latinoamericanas de justicia, la funcionaria dijo que “esta ley federal tiene que ser una ley que, en espejo, sea también promulgada y publicada por las diversas entidades federativas. Porque la mayor parte de los delitos para ser excarcelados, u obtengan su libertad en una mayor proporción, son delitos del fuero común, no son delitos del fuero federal”.
El pasado lunes, en una sesión convocada en medio de la crisis sanitaria provocada por el Sars-Cov2, el Senado aprobó la Ley de Amnistía, que busca liberar a presos ante la emergencia por coronavirus. Entrará en vigor este jueves.
La legislación contempla otorgar el perdón por aborto, robo simple, consumo de drogas y delitos contra la salud, a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, o a quienes durante el proceso no hayan contado con intérpretes en lengua indígena.
La encargada de la política interna del país, subrayó que la Ley de Amnistía privilegia medidas urgentes para poder excarcelar a mujeres embarazadas, adultas mayores e indígenas.
Olga Sánchez Cordero explicó a representantes de países como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, México, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay, que la Ley de Amnistía también considera como beneficiarios a personas acusadas de algunas modalidades de los delitos contra la salud.
Olga Sánchez estuvo acompañada en el enlace virtual de la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de Gobernación, Paulina Téllez, y precisó que no se concederá amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida o contra la integridad corporal, como secuestro.
Este miércoles 25 reos fueron liberados del penal de Ecatepec, en el Estado de México, aunque portan brazalete electrónico para ser monitoreados.
Esta ley, explicó el senador de Morena, Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta, busca liberar a las personas que no cometieron delitos graves, así como evitar la multiplicación de contagios por COVID-19 en las cárceles federales de México. Podrá beneficiar a la población en riesgo o vulnerable, que incluye a los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, hipertensos, diabéticos graves, entre otros.
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