Cómo funcionará el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales que aprobó el congreso capitalino

Como parte de una estrategia en torno a combatir los delitos sexuales, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley de Registros de Agresores Sexuales, con la cual se creará un banco de datos que permita contar con la información de las personas con sentencia firme por la comisión de este tipo de crímenes.

De acuerdo el dictamen aprobado, este registro público traerá como consecuencia que las investigaciones de los delitos “sean más eficientes y se garantice el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia”. Este sistema contendrá información referente a las personas sentenciadas por un juez penal y su consulta podrá ser pública.

A través de esta iniciativa, el gobierno de la Ciudad de México asumiría su obligación de organizar, elaborar, implementar, desarrollar, implementar, desarrollar, administrar, mantener actualizado y evaluar al registro de Agresores Sexuales a través de la secretaría de Gobierno.

Los datos que quedarán asentados en el registro serán nombre, apodos y sobrenombres, fotografía actualizada, nacionalidad del agresor, así como algunas señas particulares, zona en donde se llevaron a cabo los crímenes, modus operandi de los mismos e incluso el perfil genético, aunque éste sólo estará disponible para las autoridades del Ministerio Público.

Para llevar a cabo la creación de este registro se modificaron el Código Penal capitalino, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolscentes. Los delitos para los que se usará el registro son feminicidio, trata de personas, agresiones a menores de 12 años y el turismo sexual.

A partir de este decreto, la inscripción de los individuos en el registro será por un periodo de entre 10 a 30 años, dependiendo la gravedad del delito que hayan cometido, por lo que desde la perspectiva de Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con esto se fortalece la política de prevención de violencia hacia las mujeres capitalinas.

Cabe mencionar que los individuos que se encuentren en el registro sólo podrían salir cuando exista una resolución que modifique el sentido de su sentencia, ello en atención al cumplimiento de una recomendación en materia de derechos humanos, ya sea por indulto a la víctima o por amnistía.

Esta medida que se aprobó con 47 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, ubica a la Ciudad de México a la vanguardia de instrumentos normativos con los cuales se dan “pasos importantes para fortalecer la atención al problema social, que es la violencia hacia las mujeres, aunque también nos ponemos a la vanguardia en el diseño legislativo”, comentó Santillán.

En contraste, el legislador del PRD, Jorge Gaviño, puntualizó que las reformas realizadas servirán de poco para atender la problemática en torno al número de delitos contra ellas en la Ciudad de México, ya que, considera, únicamente son un parche al Código Penal local y se pierde la oportunidad de crear un registro de ofensores sexuales real. Incluso lo calificó como un intento de “propaganda política”.

Por su parte, Miguel Ángel Salazar, del PRI, había presentado una iniciativa en torno a este tema antes de que la planteara la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En ella había propuesto imponer obligaciones a los agresores sexuales y sanciones por incumplimiento, así como hacer de consulta restringida la información.

Salazar advirtió que al plantear un registro de consulta abierta, éste pueda ser declarado anticonstitucional: “Tener un registro público o una parte pública puede incurrir en una pena infamante, que, de acuerdo con los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, es aquella encaminada a la deshonra o al descrédito”, comentó en tribuna.

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