En México, 331.776 personas se dedican al oficio de policía, según el último censo del Inegi.
Sin embargo, de los 26.700 policías que en 2018 no aprobaron los exámenes de control y confianza (serie de pruebas que sirven para constatar que son capaces de ejercer el oficio), sólo 392 (1.4%) fueron dados de baja de su corporación.
Según la información, recopilada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Ciudad de México (14.3%), Jalisco (2.7%), Baja California Sur (13.9%) y Tlaxcala (13.2%) son los estados con menor porcentaje de policías certificados (es decir, sin evaluaciones de control de confianza, desempeño, competencia y formación inicial).
En contraste, Querétaro (96.4%), Colima (86.9%), Guanajuato (81.7%), Baja California (81.2%) y Durango (76.5%), ocupan los primeros lugares.
De acuerdo con lo estipulado en el Título Quinto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre el desarrollo policial, “los integrantes de las instituciones policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes”.
Con los exámenes de control y confianza, las autoridades buscan reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos de los policías para desempeñar sus funciones; así como identificar los factores de riesgo que interfieran en su trabajo.
También sirven para confirmar que los policías no tengan antecedentes penales, que no consuman drogas y que no tengan vínculos con el crimen organizado.
Desprecio y falta de preparación
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, sostiene que México los policías se desenvuelven en escenarios adversos, pues por un lado la sociedad no los quiere y por el otro enfrentan el abandono del Estado.
Asimismo, la profesora mencionó las condiciones tan precarias en las que trabajan: bajos salarios, jornadas laborales de más de 24 horas, falta de profesionalización, e incluso, dijo, hay casos en los que ellos deben comprar sus instrumentos de trabajo.
Además, expuso que los policías son estigmatizados por el mismo Estado y cuando llegan a perder la vida, ni siquiera se les garantiza justicia, como lo demuestra la falta de registro de detenidos y sentenciados por quitarle la vida a uniformados:
“El mensaje que terminan mandando los políticos del país es criminal: matar a un policía es fácil y además no hay consecuencias… Si queremos que los policías nos cuiden debemos empezar por cuidarlos”, explicó.
Causa en Común propuso cuatro acciones que debe tomar el gobierno de México:
1. Realizar una revisión salarial, pues el promedio de percepciones que reciben los policías es menor a 10.000 pesos mensuales, cantidad que no corresponde al nivel del riesgo que conlleva su labor.
2. Dotar de equipamiento y capacitación en materia de uso de la fuerza, armamento y protección, pues está comprobado que muchos de los uniformados destinan parte de su sueldo para adquirir equipo de trabajo.
3. Indemnizar a los familiares de los policías caídos, ya que al no ser una prioridad para el Estado proteger la vida de sus elementos de seguridad, tampoco se procura a sus familias.
4. El asesinato debe ser castigado y la impunidad debe parar.
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