Los dos datos biométricos de los mexicanos que resguarda el Instituto Nacional Electoral (INE), son el rostro y las 10 huellas dactilares. Legalmente el Instituto no puede proporcionarle a la Secretaría de Gobernación (Segob) este banco de datos contenidos en el Padrón Electoral porque así lo establece la Manifestación de Protección de Datos Personales, que se encuentra publicado en el portal del INE.
Este manifiesto deja claro que “los datos personales contenidos en el sistema únicamente serán utilizados para las finalidades para la cual fueron recabados, sin que en ningún momento puedan ser transferidos a terceros", por tanto, no podrán comunicarse o darse a conocer.
Asimismo señala que están protegidos en términos de lo dispuesto por diversas leyes: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (Ley General de Transparencia); así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal de Transparencia); y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley de Datos).
Anteriormente, un decreto promulgado en el año 1992 podía obligar al Registro Nacional de Electores a entregar el listado al Registro Nacional de Población, sin embargo, en la actualidad está fuera del marco constitucional, por los cambios que se han presentado en esta materia.
En la actualidad, las únicas razones que permiten al INE proporcionar esta información son “salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el INE fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por la Ley en Materia Electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente”.
Esta polémica surgió en diciembre del 2019, cuando la Segob dio a conocer la intención de solicitar los datos biométricos para evitar el robo de identidad, agregando estos particulares a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y poner en funcionamiento una cédula de identidad única que no solo incluyera a las personas mayores de 18 años.
Se pretende que este registro sea digital, pero se requiere del trabajo del INE, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Nacional de Migración (INM).
El 22 de enero, la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, formalmente le solicitó al INE el banco de datos biométricos de más de 90 millones de mexicanos que están inscritos en el Padrón Electoral.
Después de dicho encuentro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a través de su cuenta de Twitter, denegó dicha petición argumentando la imposibilidad legal de entregar la información.
El tuit decía que: “Los datos personales que tú le entregas al INE son tuyos, y nosotros los resguardamos y cuidamos celosamente correspondiendo a tu confianza. ¡En el INE tus datos están seguros!”.
A su vez, el consejero Ciro Murayama, defendió la autonomía del INE y destacó que para poder entregar los datos se necesitaría la autorización expresa de cada ciudadano.
Más tarde se hizo tendencia en Twitter el hashtag #YoNoAutorizo, donde la ciudadanía le pidió al INE que no entregue los datos biométricos al gobierno.
Cabe recordar que en marzo del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no sería autoritario ni investigaría los archivos del extinto Cisen; en noviembre prometió que en su administración no se espiaría con el sistema Pegasus ni otro parecido. En su momento, el mandatario argumentó que estas herramientas fueron usadas para perseguir a periodistas y opositores políticos.
Los datos biométricos son las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona y que son medibles. Por ejemplo: la huella dactilar, el rostro, el iris, la retina, la geometría de la mano. Casi al término del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, fue cuando el INE solicitó los datos biométricos del rostro y las diez huellas dactilares.
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