Horas después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que tenía información acerca de que había disminuido “considerablemente” la “vigilancia extrema” en la embajada mexicana en Bolivia, su gobierno denunció nuevamente “el hostigamiento” de cuerpos de seguridad e inteligencia bolivianos este martes.
Además, refrendó su llamado a la comunidad internacional “a seguir condenando la intimidación de la que están siendo objeto la Embajada y Residencia Oficial de México en Bolivia, lo que constituye una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, “cuerpos de seguridad e inteligencia bolivianos continúan rodeando ambos recintos de México en La Paz, contrario a lo que han declarado funcionarios de ese país”.
“Actualmente existe un cerco policial que registra el movimiento de las personas que entran y salen de los recintos diplomáticos mexicanos; agentes realizan grabaciones y han intentado detener el libre tránsito de la embajadora de México y del personal diplomático, mientras que oficiales motorizados siguen los desplazamientos de vehículos oficiales”, explicaron.
De acuerdo con la SRE, “estas acciones no corresponden a las prácticas habituales de vigilancia y protección de los inmuebles diplomáticos, basadas en las normas que regulan la buena convivencia entre las naciones, y sólo se pueden explicar a la luz de la situación política interna por la que atraviesa ese país”.
Además, el subsecretario de la SRE para Latinoamérica y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, denunció aseguró que están “en alerta permanente ante el riesgo de una incursión armada a nuestros inmuebles en La Paz”.
Por último, el gobierno mexicano exigió al Estado Plurinacional de Bolivia cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento:
Apenas esta mañana, el mandatario mexicano López Obrador había intentado rebajar la tensión que se desató este lunes, con la primera denuncia de su propia Cancillería ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por “la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos” que vigilan tanto la residencia del embajador como la Embajada de México en el país latinoamericano.
“Tengo noticias de que aminoró considerablemente esta situación de vigilancia extrema en nuestra embajada en Bolivia”, dijo el presidente de 66 años en su habitual conferencia de prensa matutina. López Obrador no dio más detalles, pero dijo que está “en espera de que se aclaren muchas cosas”.
Sin embargo, la Cancillería publicó por la tarde de este martes (tiempo del centro de México), un nuevo comunicado donde reiteró sus denuncias.
El gobierno boliviano, por su parte, había respondido este lunes a través de su Canciller, Karen Longaric, quien indicó que “respecto a la posibilidad de que autoridades o fuerza pública boliviana ingrese al recinto diplomático de México, me temo decir, categóricamente, que eso es imposible”.
"Nosotros somos un país y esto es una cancillería respetuosa de las inmunidades diplomáticas y de los privilegios, todo esto amparado en las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas”, añadió, en una rueda de prensa.
La relación entre ambos gobiernos se ha visto tensada por la salida de Evo Morales el 10 de noviembre y su asilo en territorio azteca. Tras su renuncia, López Obrador le ofreció asilo político al considerar que la vida del ex presidente corría peligro.
Morales llegó a México dos días después de su renuncia y permaneció en el país un mes. Posteriormente se trasladó a Argentina, donde recientemente tomó posesión como presidente Alberto Fernández. Ambos países calificaron lo sucedido en Bolivia como un golpe de Estado y dieron su apoyo al líder indígena.
Además, en el caso mexicano, cinco ex funcionarios del gobierno de Morales se refugiaron en la embajada de México en La Paz, sin que hasta la fecha sean entregados al actual gobierno interino. El 28 de noviembre la administración boliviana solicitó a México su entrega, aclarando que hay órdenes de captura en su contra.
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