Con los cambios a la Ley General de Salud y la creación del Insabi, un grupo de padres de niños con cáncer se unieron para exigir el abasto puntual de medicamentos. En su momento, lo que los padres trataban de evitar era que desapareciera el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
A pesar de ser considerada una medida que dejaba en desamparo a dicha población infantil, el Fondo fue erradicado de la Ley, situación que dejó en desamparo a enfermos graves, como lo son los niños con cáncer.
Inclusive cuando la aprobación de los cambios a la ley de salud se dieron en lo general, la bancada morenista acotó que no aceptaría ninguna modificación.
Con base en lo anterior, los padres de familia que se manifestaron en contra de la reforma, lamentaron también que el Senado no hubiese avalado el reconocimiento de las pólizas actuales. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, aseguró que en su momento escuchó a los padres de familia.
Lo anterior, de ser cierto, apuntaría a que se considerasen cambios a la exposición de motivos y a los considerandos a fin de asentar que los actuales inscritos en el Seguro Popular mantendrían sus derechos.
En contraste, las panistas Martha Márquez y Alejandra Reynoso subrayaron en su momento que tales declaraciones eran un engaño, toda vez que la ley y su aplicación no se basa en los considerandos, sino en la estructura de la ley, que no se tocó y ello, hace que los niños con cáncer se encuentren aún más vulnerables.
Aprobada a mediados de noviembre de 2019, la Ley General de Salud, en el pleno, no admitió ninguna propuesta de modificación a fin de que no se regresara la minuta a los diputados.
Sin embargo, fue el 5 de diciembre que se aprobó la ley para detectar y atender el cáncer infantil, de la que el dictamen fue remitido por el Senado de la República.
La Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, modifica a la Ley General de Salud, razón por la que se establecen mecanismos de coordinación entre autoridades federales y locales para diagnosticar y atender de manera temprana ese mal.
Sin embargo, no queda clara la aplicación de la nueva Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.
Mientras en comisiones se aprobó el dar nuevas facultades a las autoridades federales y locales para que se coordinen en la tarea de detección y atención del cáncer infantil, así como la disminución del abandono del tratamiento, sigue sin aclararse si en su implementación converge con el presupuesto de egresos de la federación 2020.
Incluso la diputada Martha Tagle de Movimiento Ciudadano declaró que le preocupa que en el presupuesto no se tenga previsto el impacto presupuestal de esta ley, lo que en la realidad podría encontrar dificultades para aplicarse.
Por otro lado, fue el diputado Javier Hidaldo de Morena subrayó que la ley dictaminada va de acuerdo con la estrategia de atención preventiva que plantea el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi).
La ley obliga a que el personal médico se capacite en detección del cáncer a fin de combatirlo, sin embargo, la ley es ambigua al no aclarar si sólo se basará en la detección y diagnóstico o si también dará seguimiento y atención a quienes ya padecen la enfermedad y ya contaban con un tratamiento en el extinto Seguro Popular.
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