
Miguel Ángel Lozada Aguilar, director general de la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex-PEP) Exploración y Producción, fue destituido de su cargo e inhabilitado por 10 años tras verse implicado en la “Estafa Maestra”. Así lo notificó este miércoles la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, informó que la sanción se deriva de las acciones que a inicios de 2019 se emprendieron en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que fueron relacionados con el esquema de la “Estafa Maestra”.
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En un comunicado, la SFP señaló que la sanción contra Lozada Aguilar es resultado de omisiones detectadas en su declaración patrimonial durante cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017.
“El funcionario fue notificado hoy de la resolución, cuyo efecto implica que Pemex deberá separarlo del cargo que se encuentra ocupando”, señaló la dependencia federal. De esta manera, concluye el proceso administrativo que la SFP abrió en contra del funcionario de la empresa productiva del estado.
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El organismo recordó que fue el 23 de enero de este año cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si altos funcionarios de Pemex designados durante su administración se veían involucrados en el desvío millonario de fondos, serían juzgados y castigados. "No tienen por qué trabajar en este gobierno, si los contrataron, hicieron mal... les adelanto que si están involucrados en un acto de corrupción, no tienen trabajo en el gobierno”, sentenció.
En el mismo período, Eréndira Sandoval anunció diversas auditorías y acciones específicas en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar y algunos colaboradores cercanos. Para el mes de abril, la Secretaría de la Función Pública presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) las denuncias correspondientes por probables delitos que salieron a relucir en las auditorias e investigaciones realizadas previamente.
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La misma dependencia señaló que en todo momento se respetó el derecho de audiencia de Lozada Aguilar, sin que haya podido justificar por qué no reportó dos cuentas bancarias y los beneficios económicos producto de un bien inmueble.
Como efecto de la notificación, el funcionario será retirado de su cargo de manera inmediata.
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Los funcionarios de Pemex ligados a la “Estafa Maestra”

El ahora ex titular de Pemex Producción y Exploración no es el único señalado en el desvío de recursos. Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex, y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística, también han sido involucrados.
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En enero de este año, Animal Político dio a conocer que estos tres funcionarios de Pemex-PEP habían firmado convenios de “La Estafa Maestra” durante el sexenio pasado. De acuerdo con la información recabada, Lozada Aguilar firmó en 2014 un convenio con una universidad pública por 82 millones de pesos, los cuales terminaron en una empresa fantasma.
En cuanto a Salgado Castro, destaca que durante su paso como gerente del proyecto de Desarrollo Aytsil-Tekel, en la subdirección de Desarrollo de Campos de Pemex-PEP, firmó un convenio por más de 90 millones de pesos que posteriormente desaparecieron en la empresa fantasma Integrated Reservoird Managament de México SA de CV.
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Algo similar ocurrió con Galván Arcos, quien firmó cuatro convenios por un total de 176 millones de pesos que también terminaron en empresas irregulares, que no cumplieron con los servicios para los que habían sido contratadas.
La “Estafa Maestra”
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Una investigación periodística titulada La Estafa Maestra destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente, Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7,760 millones de pesos.
Se trató de un modus operandi con varios años en funcionamiento en el que las secretarias contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo.
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De acuerdo a la investigación, 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Ncional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales dependencia responsables del fraude millonario.
Así, las instituciones educativas se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo. Entonces, pedían los servicios de otras compañías, así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidade cumplir.
Gran parte del fraude se realizó entre 2013 y 2014, a partir de dos de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Peña Nieto. Una es la reforma energética, que borró el monopolio de Pemex y abrió los candados para la participación de inversores extranjeros.
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