(Foto: cortesía)
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México se encuentra dentro de las veinte economías más grandes del mundo, con una población aproximada de 120 millones de habitantes distribuidos a lo largo de cerca de 2 millones de kilómetros cuadros. Por el monto de recursos generados, los productos y servicios intercambiados, así como un sinnúmero de variables macroeconómicas, podemos llamar la atención acerca de la robustez de la economía mexicana. Pese a lo anterior, desde que se llevan registros, la carga fiscal en México ha sido reducida en comparación con otros países de la región, como Argentina (30.3%) o Chile (20.2%), siendo muy similar a la de países asiáticos, sin Japón (30.6%), e incluso africanos. Una estimación reciente sitúa a los ingresos fiscales totales en 2018 en 16.2% con respecto al PIB.

Debido a lo anterior, una de las reformas más importantes en la agenda mexicana, desde tiempos inmemoriales, ha sido la fiscal. Cada uno de los gobiernos en turno ha tenido que enfrentarse a los agentes económicos del momento que se niegan a ser fiscalizados e intentan toda clase de recursos para eludir o evadir la acción del fisco. Sin embargo, uno de los aciertos más importantes para el gobierno federal fue la reforma administrativo-fiscal llevada a cabo en 2013 e implementada en 2014. Dotado de más facultades de comprobación, así como una “administrativización” de las facultades fiscales por medio de procesos operativos cada vez más eficientes (contabilidad electrónica, facturas electrónicas, etc.), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se convirtió poco a poco en el “brazo armado” más eficiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Margarita Ríos-Farjat continuó e hizo más eficientes las medidas recaudatorias del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cuya política de redistribución del gasto público necesariamente implica la mejora en la exacción fiscal. De ahí que, una de las medidas más importantes llevadas a cabo en 2019 en materia fiscal hubiese sido el combate a las exenciones, elusiones y evasiones fiscales, al grado tal de llevarse a la ley medidas de carácter penal para castigar dichas actividades, equiparando a algunas de ellas a la delincuencia organizada. En este rubro, Ríos-Farjat no sólo participó, desde su cargo como Jefa del Servicio de Administración Tributaria, en el apoyo para el diseño de dichas medidas sino en el llevar a cabo su operatividad. No obstante, su acción se limitaba a sus competencias administrativas. El jueves, la doctora en Política Pública Margarita Ríos-Farjat fue designada por el Senado de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Eduardo Medina Mora que, dicho sea de paso, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la cual también forma parte el SAT, dejó fuera del máximo tribunal mexicano.

Una lectura estrictamente jurídico-fiscal nos deja ver que el proyecto recaudatorio iniciado por la vía administrativa en el SAT ha pasado a ser jurisdiccional, en la medida en que la persona que coadyuvó en la reforma penal-fiscal mencionada se ha convertido en parte del máximo tribunal mexicano, el que decide en última instancia. No es de sorprender que esto sea así, pues además de ser una partidaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuenta de manera sobrada con la capacidad profesional y técnica para ocupar dicho cargo. Los expertos en materia fiscal afirmaban, algunas veces amenazando, que interpondrían amparos para oponerse a la ampliación de bases gravables, como en plataformas digítales, o ante el combate por la vía penal de la elusión y la evasión fiscal. El mensaje del gobierno en turno con la designación de Ríos-Farjat es claro, el proyecto fiscal administrativo se ha convertido en fiscal jurisdiccional, desde ahí será difícil combatirlo.

Sin embargo, no deja de ser una gran aportación a la SCJN, conocedora del derecho, sobre todo administrativo-fiscal, respetuosa de los derechos humanos fundamentales, Ríos-Farjat no sólo es una apuesta de sobrada capacidad técnica y profesional, sino una funcionaria de primer nivel. Cito, a manera de promesa, sus palabras expresadas en su comparecencia ante el senado “…la Corte no debe ser oposición ni partidaria; necesita un discreto, pero potente poder”. La historia juzgará el cumplimiento o no de dicha consigna.

*Catedrático de la Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac México

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