El primer año de mandato de Andrés Manuel López Obrador se cumple el domingo 1 de diciembre y, a lo largo de esos meses, se han vivido cambios en las instituciones pilares del país, aquellas que habrían de garantizar independencia del Ejecutivo y que, sin embargo, ahora son ocupadas por personas identificadas como cercanas al presidente.
Al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue asignado como Consejero Bernardo Bátiz para el periodo 2019-2024.
La designación fue anunciada a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este jueves 28 de noviembre en una carta en la que el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, dio la bienvenida a Bátiz.
Igualmente el pasado 20 de noviembre el Consejo de la Judicatura Federal dio la bienvenida a Loretta Ortíz y a Verónica de Gyvés para un periodo de cinco años, aval que ganaron en el Senado con el apoyo de todas las bancadas, a excepción de la panista.
En tanto que como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), se nombró a Alejandro Gertz Manero desde la presidencia, el 30 de noviembre de 2018, hecho que fue tomado por la Coparmex como “un engaño a la democracia” e incluso le dio el título de “Fiscal Carnal” por haber sido asesor de Andrés Manuel. El Fiscal se comprometió a resolver casos pendientes en torno a la corrupción como La Estafa Maestra, Odebrecht y OHL.
María de la Luz Mijangos fue designada como Fiscal Especializada en el Combate a la Corrupción, y propuesta en una terna junto a José Agustín Ortíz Pinchetti (ex funcionario del Gobierno del Distrito Federal con AMLO). Mijangos es esposa de Jaime Cárdenas, ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) y, en algún momento, representante del presidente ante el IFE. La asignación de este cargo pudo darse con mayor facilidad gracias a que la ley permite que el fiscal de la República pueda asignar al titular, es decir, a través de Gertz Manero.
Morena se impone en los organismos autónomos
La imposición de personajes allegados a la figura presidencial de la 4T se torna cada vez más evidente y, recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue una de sus conquistas al poner al frente a Rosario Piedra Ibarra, como la nueva ombudsperson, cargo que habría de destacarse de su independencia ideológica ante presidencia.
Sin embargo, su proceso de selección fue atropellado, al grado en que los partidos de oposición señalaron un fraude, así como el hecho de que Piedra Ibarra militara en el partido de Andrés Manuel.
La ausencia del contrapeso necesario en los principales órganos autónomos del país, refleja el paulatino debilitamiento de las instituciones y a ello, se suman los nombramientos del titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Leopoldo Vicente Menchi, así como el titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Rogelio Hernández Cázares.
Gracias a la repentina salida del ex ministro Eduardo Medina Mora hay un puesto vacante en la Corte para el que ya existe una terna conformada por tres mujeres: Margarita Ríos-Farjat, Diana Álvarez y Ana Laura Magaloni, ésta última es la única que no guarda nexos con el Ejecutivo, además de contar con una carrera académica que refuerza sus conocimientos y cercanía a la Corte.
En tanto que en la SCJN ya se encuentran la ministra Yazmín Esquivel Mossa, así como a Juan Luis González Carrancá, sus nombramientos restaron aún más credibilidad a la institución, toda vez que Esquivel Mossa es esposa de José María Rioboó, quien obtuvo cuatro adjudicaciones directas de 2002 a 2005 por un total de 171 millones de pesos cuando López fungía como titular del Gobierno del Distrito Federal.
Con la renuncia de Eduardo Medina Mora, son cuatro los ministros los que pueden ser propuestos por AMLO (contando a los ya elegidos Esquivel Mossa y González Carrancá), sin contar al “extra” que se sumará en 2021 a la salida de Fernando Franco González.
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