César Jáuregui seguirá en el Altiplano: juez lo vincula a proceso por traición a la patria en el caso CIA

Un juez federal vinculó a proceso este domingo 25 de octubre a César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por el delito de traición a la patria, en la reanudación de su audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El exfuncionario permanecerá bajo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano por orden del juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, encargado del caso tras la renuncia de la jueza Mariana Vieyra Valdés.

La acusación contra Jáuregui Moreno se originó por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo previamente que Jáuregui permitió que personal extranjero operara sin autorización en territorio nacional, en acciones reservadas a las fuerzas federales, lo que calificó como “un ataque al pacto federal y a la división de poderes”.

La vinculación a proceso de Jáuregui no representa una sentencia de culpabilidad ni determina responsabilidad penal. Se trata de una resolución judicial que establece la existencia de elementos suficientes para que la investigación continúe por la vía formal, mientras se desahogan las pruebas que definirán si el caso llega a juicio.

Jáuregui fue detenido el 17 de octubre, primero por el fuero común y horas después por la FGR

La detención de Jáuregui se dio en dos momentos del mismo día. Por la mañana del 17 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión en su contra por delitos del fuero local, derivada de una resolución firmada el 16 de octubre por el juez Luis Alberto Simental Ortega bajo el oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026.

Esa resolución libró tres mandamientos distintos: uno contra Jáuregui y Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, como coautores de ejercicio ilegal del servicio público y coalición; otro exclusivamente contra Jáuregui como autor material de los mismos delitos; y un tercero contra Zuany Portillo por falsedad ante autoridades con penalidad agravada, documento que reveló el periodista Luis Chaparro en su cuenta de X.

Horas después, la noche del mismo 17 de octubre, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó en un mensaje en video que un juez federal había otorgado una orden de captura adicional contra Jáuregui por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Godoy precisó que la orden derivó de trabajos de gabinete y de campo que comprendieron más de cien actos de investigación sobre el operativo de abril.

El origen de ambas causas se destapó con un accidente. Durante el regreso del operativo en la sierra de El Pinal, una camioneta del convoy cayó por un barranco y explotó, lo que provocó la muerte de Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); su escolta Manuel Genaro Méndez Montes; y dos ciudadanos estadounidenses identificados como presuntos agentes de la CIA.

La FGR presentó 150 datos de prueba; la defensa exhibió la renuncia de la jueza que firmó el arresto

Godoy detalló en su mensaje del 17 de octubre que la investigación acreditó que los dos extranjeros fallecidos habían acudido en varias ocasiones, sin causa justificada, a instalaciones de la AEI antes del operativo. Sostuvo que Jáuregui “habría ocultado información” a la Federación pese a saber que se trataba de delitos federales, y que avisó a las fuerzas federales solo después del operativo, de manera precipitada.

La fiscal añadió que la Fiscalía local realizó el operativo sin haber abierto previamente una carpeta de investigación, pese a la prohibición expresa de la Ley de Seguridad Nacional, y que esto ocurrió aun cuando el propio Jáuregui declaró a los medios que la operación fue resultado de meses de planeación entre la AEI y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, ambas áreas bajo su mando.

En la audiencia inicial del 21 de octubre, un grupo de ministerios públicos de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos presentó alrededor de 150 datos de prueba contra Jáuregui, de acuerdo con un comunicado de la FGR.

La diligencia se realizó de manera privada, por motivos de seguridad nacional, y la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, lo que llevó al juez a fijar la continuación para este 24 de octubre.

El abogado Héctor Villasana, defensor de Jáuregui, afirmó en conferencia de prensa el 21 de octubre que ninguno de esos 150 datos acreditó que su cliente autorizara o conociera la participación de los agentes extranjeros. Sostuvo que, de 80 a 90 testimonios integrados en la carpeta, ninguno hizo referencia directa a Jáuregui, sino al fallecido Oseguera Cervantes, a quien la defensa señaló como la persona con mayor cercanía a los agentes extranjeros.

Villasana reveló también que la jueza federal que firmó la orden de aprehensión contra Jáuregui, identificada como Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, renunció a su cargo poco después de que la orden fue ejecutada. El expediente fue trasladado al juez de carrera judicial Ricardo Alfonso Santos Dorantes, identificado desde el 20 de octubre como el nuevo responsable del caso.

El abogado calificó de “desesperación” del Ministerio Público el hecho de que, durante la audiencia, agentes de la FGR compararan el caso de Jáuregui con la intervención de Estados Unidos en Venezuela contra Nicolás Maduro, al advertir que la falta de un castigo ejemplar podría derivar en una situación similar en México. Anunció que impugnaría la prisión preventiva oficiosa mediante juicio de amparo.

La gobernadora de Chihuahua responsabilizó a Jáuregui en una reunión con la FGR

En paralelo al proceso penal, el caso derivó en un conflicto político entre el gobierno federal y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. La FGR informó, mediante el comunicado 745/26 del 23 de octubre, que Godoy se reunió con Campos a solicitud de la propia mandataria estatal, encuentro en el que también participó David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Según el comunicado oficial, Campos “responsabilizó al exfiscal general del Estado” por los hechos ocurridos en Chihuahua con la intervención de personas de nacionalidad extranjera.

La gobernadora compartió información que, de acuerdo con Godoy, se refería a actos de corrupción de Jáuregui, entre ellos la presencia de casinos y prestanombres, lo que motivó la apertura de una nueva línea de investigación.

Godoy declaró ante medios que Campos le dijo que el responsable “era su exfiscal y que era una persona corrupta, que tenía casinos, que tenía prestanombres”.

La fiscal precisó también que, durante esa reunión, la gobernadora tuvo conocimiento de que la Federación procedería contra Jáuregui por traición a la patria, mientras que el fuero común continuaría por separado.

El episodio se dio después de que Campos revelara, el 22 de octubre en el noticiero de Carlos Loret de Mola, una conversación tensa que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum el 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez.

Sheinbaum confirmó al día siguiente, en su conferencia matutina, que hubo un cruce de reclamos y citó a Campos: “No fui yo, fue mi exfiscal”. La gobernadora, por su parte, negó haber culpado directamente al exfiscal y calificó de “excesiva” la acusación de traición a la patria.

En el fuero común, Jáuregui también fue vinculado a proceso el 22 de octubre por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, en una causa que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. En esa resolución, el juez descartó el cargo adicional de coalición de servidores públicos y fijó dos meses para la investigación complementaria.

¿Cómo se castiga la traición a la patria en México?

El delito de traición a la patria se castiga en México con penas de hasta 40 años de prisión y multas de 50 mil pesos, de acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal.

La legislación establece 15 conductas relacionadas con atentados contra la soberanía, independencia o integridad territorial del país.

Entre ellas se encuentra realizar “actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.

También contempla colaborar con fuerzas extranjeras en acciones hostiles, facilitar información militar sin autorización y auxiliar deliberadamente actividades de espionaje. Algunas modalidades tienen sanciones específicas menores.

Las sanciones dependen de la conducta acreditada:

• Artículo 123: de cinco a 40 años de prisión y multa de hasta 50 mil pesos, con excepciones.
• Artículo 124: de cinco a 20 años y multa de hasta 25 mil pesos.
• Artículo 125: de dos a 12 años y multa de mil a 20 mil pesos por promover la aceptación de una invasión o gobierno impuesto por extranjeros.
• Artículo 126: extiende estas sanciones a extranjeros involucrados, salvo determinadas excepciones legales.

La Fiscalía General de la República acusa al exfiscal de Chihuahua de permitir presuntamente la participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio de drogas en abril de 2026.