El Congreso de México retrasó el miércoles por segunda vez el proyecto de ley de gastos del gobierno para 2020, con lo que violó un plazo legal y planteó interrogantes sobre la capacidad del partido oficialista para gobernar.
La Cámara de Diputados no pudo reunirse el miércoles debido a protestas de agricultores que bloqueaban el acceso al Congreso. La Cámara Baja planea votar el viernes la porción de gastos del presupuesto 2020.
Se trata de la primera vez que México no cumple con el plazo del 15 de noviembre desde que se implementó, en 2004, para evitar que los debates presupuestarios se extendieran al año siguiente, según Ernesto Revilla, de Citigroup Inc, quien antes se desempeñó como titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, tiene una mayoría en el Congreso, no ha logrado que se apruebe el proyecto de ley en las etapas preliminares en las que los comités de finanzas lo evalúan y votan.
“Esto pone de relieve dos cosas: un gobierno que no funciona de manera muy eficiente, a pesar de que tiene un fuerte liderazgo y una clara mayoría”, dijo Daniel Kerner, analista político de la consultora de riesgo político con sede en Washington Eurasia Group. “Más importante aún, los desafíos de financiar los proyectos favoritos de AMLO y mantener un presupuesto equilibrado sin generar un gran descontento”.
Los agricultores manifestantes exigen un mayor apoyo financiero en un momento en que el gobierno enfrenta dificultades para controlar el gasto sin sacrificar los programas de beneficios sociales o la ayuda a la endeudada petrolera estatal Pemex.
El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron la porción de ingresos del presupuesto en octubre. La administración de López Obrador propuso un superávit primario, que excluye los pagos de intereses de la deuda, que equivale a 0,7% del producto interno bruto, lo que se compara con el 1% esperado para 2019. Ese es el nivel que el gobierno dice es necesario para evitar un aumento de la deuda de la nación en relación con el producto interno bruto.
El hecho de que el gobierno no haya cumplido con la fecha límite envía “una señal negativa”, dijo Revilla, de Citi.
“No es tanto que haya preocupaciones sobre el contenido del presupuesto, sino, más bien, que algunas disposiciones legales ya no parecen tan vinculantes”, dijo. “Un marco institucional más débil perjudica la confianza y el crecimiento económico a largo plazo”.
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