La Ciudad de México busca avanzar en los derechos relacionados con el género. Muestra de ello es que las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Equidad de Género del Congreso capitalino aprobaron un dictamen a partir del cual se les permite a niñas, niños y adolescentes elegir su nombre y género.
Éste contó con 19 votos a favor y tres en contra y se presentará ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México la próxima semana. El objetivo del documento será reformar el Código Civil de la capital para que los menores de edad posean un acta de nacimiento con el nombre y género que ellos decidan por medio de un trámite administrativo en el Registro Civil.
Resulta importante un proyecto de estas características pues a partir de él se busca que los jóvenes reconozcan sus derechos de autonomía personal y de identidad. Para poder realizar la reasignación de género, se necesita la autorización del padre o la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, sin importar que alguno de los dos no esté de acuerdo.
Durante su intervención, la diputada Paula Soto dijo que esta iniciativa se ha tomado a “efecto de evitar lo que según el Departamento de Salud Pública de la UNAM es una visión adulto centrista, patologizante y legaloide”. También expuso que se busca la aprobación de esta medida para que las niñas, niños y adolescentes no se impliquen en “un proceso judicial revictimizante, tal como hasta ahora se encuentra vigente”.
En este tenor, el diputado morenista Temístocles Villanueva expuso que estas reformas representan una victoria para la lucha “por el reconocimiento y defensa de las personas trans”. Asimismo, éstas permitirán la eliminación de exámenes médicos y periciales durante el juicio para el cambio de género en el acta de nacimiento, los cuales son procedimientos que “patologizan y victimizan la identidad de género de una persona”.
Dentro de la discusión también hubo posturas en contra de este dictamen. Una de las más relevantes fue la del diputado panista Christian von Roehrich, quien advirtió que de aprobarse la reforma, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de que los congresos locales no están facultados para realizar reformas en materia civil.
Detalló que únicamente el Congreso de la Unión tiene el permiso del máximo tribunal de justicia del país para llevar a cabo reformas al Código Civil y al de Procedimientos Civiles a nivel federal. No obstante, el panista encontró respuestas desfavorables incluso en la diputada del Partido Verde Ecologista, Alessandra Rojo de la Vega, quien destacó la importancia de que los menores decidan sobre su identidad de género.
Sobre el hecho de que el menor puede realizar el proceso únicamente en compañía de uno de los padres, el panista Diego Orlando Garrido, dijo que la patria potestad y tutela del menor sólo se pueden practicar “de manera común, es decir, con el padre y la madre, y no puede ser ejercida de manera individual”. Si se llegase a aprobar, apuntó, se trataría de un accto de inconstitucionalidad.
Según información del diario El Universal, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, declaró que la disposición constitucional de respetar las garantías de los menores de edad se encuentra en el apartado de los derechos humanos, los cuales se pueden ejercer desde el nacimiento, y no en el de la ciudadanía: “Creo que no hay ninguna contradicción entre la patria potestad y el derecho del menor”, concluyó.
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