(Foto: Cuartoscuro)
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La llegada del ex mandatario Evo Morales a México ha divido a la población que radica en este país. Por un lado, hay quienes apoyan el asilo político concedido al ex presidente boliviano. Sin embargo, hay otro sector que lo rechaza, incluida parte de la comunidad boliviana que radica en territorio azteca, quienes aseguran que lo ocurrido en su país natal no fue un golpe de Estado.

“No se trató de un golpe de estado porque no se sacó a Evo Morales de manera violenta del país, lo que seria un indicador de un golpe de Estado. Las manifestaciones en estos 19 días fueron pacificas”, explicó Andrea Beltrán en entrevista para Infobae México.

El posicionamiento de esta pequeña comunidad latinoamericana es firme: cuando México habla sobre un golpe de Estado se deslegitima el movimiento social que surgió como consecuencia de las acusaciones de fraude electoral el pasado 20 de octubre.

Para ellos, lo ocurrido en Bolivia fue una transición pacífica, pues no se vulneraron normas de sucesión, ni las fuerzas armadas desconocieron al presidente.

(Foto: Reuters)
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Lo que sucede en Bolivia es un movimiento civil y pacífico, que aglomera a diferentes sectores de la población en todo el territorio del país, de este a oeste, de norte a sur, en zonas rurales y en ciudades, con el objetivo de defender la democracia y el respeto al orden constitucional en nuestro país”, señalaron en un comunicado difundido este martes.

Evo Morales llevaba más de 10 años en el poder (desde enero de 2006), aún cuando la ley solo permite dos mandatos continuos. En 2014, participó por tercera vez en las elecciones generales argumentando que su primer mandato no se regulaba bajo esta norma pues la Constitución se había reformado en 2009. En esta tercera ocasión ganó las elecciones con un apoyo mayoritario.

Su mandato debía acabar en enero de 2020, sin embargo, se llamó a un referéndum el 21 de febrero del 2016 a fin de que pudiera ser reelegido una vez más. En aquella ocasión, al menos la mitad de la ciudadanía voto en contra de la medida, pero el Tribunal Supremo Electoral habilitó su postulación para las elecciones del pasado 20 de octubre.

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Andrea recordó que es a partir de esta fecha cuando empieza la crisis en Bolivia, a raíz del presunto fraude electoral cometido por Morales a fin de perpetuarse en el poder.

La noche de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral suspendió de manera sorpresiva el sistema de conteo rápido de votos, que mostraba, con más del 80% de votos computados, una tendencia con menos de 10 puntos de diferencia entre Evo Morales y el candidato Carlos Mesa, lo que hubiese obligado a una segunda vuelta. Al reactivarse el conteo, Morales fue proclamado ganador con una diferencia mayor, lo que levantó suspicacias entre la comunidad nacional e internacional.

Una auditoria realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que estadísticamente, era improbable que Evo Morales hubiese ganado por un margen mayor al 10%, lo que confirmaría las acusaciones de fraude electoral.

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Las jornadas de disturbios empezó el 20 de noviembre. Defensores y opositores del ex mandatario salieron a las calles, unos para exigir su renuncia y otros para apoyar su cuarto mandato. Según narró Andrea, estas protestas fueron reprimidas por el gobierno.

“Las movilizaciones fueron contestadas de manera violenta, cercando las ciudades y cortando el suministro de agua en algunas de ellas. En las calles, el gobierno reprimió las movilizaciones utilizando a la policía y luego a grupos de choque a los que armaba utilizando recursos del Estado. Esta situación hizo que los pedidos de la población también se radicalizaran, desde el pedido de una segunda vuelta hasta la renuncia de Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera”.

La comunidad bolivariana en México sostiene que, bajo órdenes de Evo Morales, se cometieron asesinatos y secuestros de personas que se manifestaron en la ciudad de La Paz, así como agresiones sexuales.

Aseguraron que el 9 de noviembre, un día antes de la renuncia de Evo Morales, caravanas de personas provenientes de las ciudades de Sucre y Potosí que se trasladaban a la sede de gobierno en La Paz para unirse a las protestas, fueron emboscadas por francotiradores y grupos afines al Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales. Este hecho dio como resultado el asesinato de un minero, la privación ilegal de la libertad y maltrato de varias personas, así como agresiones sexuales a varias mujeres.

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“Nosotros tenemos videos, fotografías, declaraciones de los agredidos. Se tiene un respaldo de lo ocurrido en estas tres semanas, y es contrario a lo que dice Evo Morales. Él ha manejado una versión tergiversada ante los medios internacionales. Nosotros queremos que se sepa la verdad; lo ideal sería que asuma la responsabilidad de sus actos, pero al estar como refugiado político no va a poder ser”, dijo Andrea, quien vive en México desde hace 13 años.

Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaron a sus cargos el 10 de noviembre. Ese mismo día, el gobierno de México respaldó al ex funcionario; y un día después, le concedieron oficialmente asilo político.

Este martes Morales llegó a territorio azteca en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, y aunque la comunidad bolivariana radicada aquí respeta la decisión del gobierno federal, admite que lo ideal para ellos habría sido que el ex mandatario se hubiera quedado en Bolivia para ser juzgado por el nuevo gobierno.

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“La comunidad bolivariana no estamos de acuerdo con que lo hayan recibido en México porque ha cometido delitos, violaciones a los derechos de la población bolivariana", recalcó Andrea.

Como parte de esta comunidad radicada en México, considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión incorrecta al darle refugio a Evo, pues la estabilidad política en Bolivia dependía de que firmara su renuncia y estuviera presente durante su discusión en el Congreso. Sin embargo, ante este nuevo panorama solo esperan que se consume una transmisión política pacífica.

“Nosotros no tenemos una postura general en cuanto a acciones legal contra Morales. Lo que se busca es consumar la transición política. Hoy sesiona el Congreso; se espera que la presidencia la asuma la senadora Jeanine Añez, quien a su vez tendrá que llamar a elecciones en 90 días”.

Andrea espera que Bolivia se pacifique con la salida de Morales, pues recordó que desde el 20 de octubre se han contabilizado cinco muertos y más de 200 heridos como resultado de las movilizaciones. Por lo pronto, 15 países miembros de la OEA pidieron este martes que se realicen nuevas elecciones “lo más pronto posible” en Bolivia.

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