Los seis niños de la familia LeBarón que fueron asesinados este lunes son las últimas de una larga lista en la que las víctimas mortales son menores de edad. Desde hace una década, el país vive en un contexto de violencia que parece no tener fin. Así es que, de 2007 a 2017, prácticamente se triplicó el número de homicidios entre 0 y 19 años de edad, según cifras del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática).
De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), títulado “Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México”, la corrupción y la impunidad que imperan en el país han permitido a las organizaciones criminales formar estructuras paralelas de poder que han afectado directamente a los infantes.
“Las formas más claras de relación de niños, niñas y adolescentes como víctimas del crimen organizado es su lugar como víctimas de la violencia letal del Estado y como víctimas de la violencia por particulares”, dice el informe presentado este miércoles.
Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la CNDH, recordó el caso de la familia LeBarón, quienes fueron masacrados a manos del crimen organizado. “Son hechos lamentables y condenables que no pueden volverse a repetir en el país”, condenó el funcionario, quien recordó que para garantizar la seguridad de la familia LeBarón, la CNDH emitió ayer medidas cautelares a los gobiernos de Chihuahua y Sonora.
Pérez advirtió que la muerte de esta familia debe ser un referente para que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador adopte medidas y estrategias para proteger a la niñez y adolescencia del impacto de la delincuencia organizada.
Según informó, entre 2007 y 2017 se triplicaron los homicidios de menores, pasando de 1.002 en 2007 a 2.858 en 2017. Los estados que mayores tasas de homicidio entre 2015 y 2018 fueron Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California.
El informe resalta que en el territorio azteca, infantes y adolescentes “mueren como consecuencia del uso letal de la fuerza por parte de agentes del Estado. En su informe de 2018 ‘Corrupción que mata’, la Open Society Justice Initiative resalta el ejemplo de un adolescente y un bebé asesinados en Temixco, Morelos”. A ello se suma el caso de unos policías en Veracruz que fueron acusados de arrojar cuerpos de menores a una barranca.
El informe de la CNDH destaca que en diversos países, las organizaciones criminales se han convertido en estructuras sociales, políticas y económicas paralelas que cubren vacíos o sustituyen al Estado en varios ámbitos, como en la prestación de servicios básicos y, de dicha manera, los dirigentes de esos grupos son vistos como líderes en sus comunidades.
En ese sentido, la incorporación de los niños, las niñas y los adolescentes a estos grupos delictivos tiene dos caras. Por un lado, hace posible que puedan destacar como “líderes” y; por otro, hace que corran el riesgo de quedar atrapados en ese contexto de criminalidad, lo que los mantiene en un circulo constante de violencia.
México no es un sitio seguro para la infancia. Diariamente, las niñas, niños y adolescentes son víctimas de asesinatos, balas perdidas y secuestros. El riesgo de que un infante sea asesinado en México es mucho mayor que en países donde existe un conflicto armado, como Palestina o Siria.
Save the Children, una organización no gubernamental internacional que tiene como finalidad trabajar por los derechos de la niñez, reveló en septiembre que, en territorio mexicano, cada día mueren cuatro menores a causa de la violencia.
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