La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que está en entredicho la constitucionalidad de las reformas al artículo 8 de la Constitución local, que aprobó el Congreso de Baja California, para extender de 2 a 5 años el mandato del gobernador del Estado, Jaime Bonilla.
“Eventualmente podré equivocar una expresión”, puntualizó, “pero la honestidad e integridad regirán permanentemente mi vida en lo público y privado”.
“Lamento, profundamente, las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi conocimiento ni autorización. Sin embargo, afirmo que, tanto en público como en privado, mis valores y razón dan congruencia a mi actuar”, sostuvo en un comunicado de prensa.
Refirió que las modificaciones a la Constitución de Baja California es “legal” porque se trata de la “norma vigente" y terminó por reconocer que la constitucionalidad de las reformas está en entredicho, por lo que corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalar o declarar su inconstitucionalidad y, en consecuencia, determinar si el gobierno de Jaime Bonilla tendrá una duración de dos o cinco años.
“Sostengo que mis argumentos en público y privado, son congruentes y totalmente respetuosos de los ámbitos de competencia de los poderes del Estado", afirmó.
Olga Sánchez Cordero recordó que cuando integró la Suprema Corte, el máximo tribunal de justicia de México revisó casos similares en lo que ella votó “por la inconstitucionalidad de hechos”. No obstante, admitió que los integrantes actuales de la SCJN no emplearán, necesariamente, el mismo criterio porque en el caso de la Ley Bonilla uno de los asuntos a resolver es la legitimación de los actores que promovieron la inconstitucionalidad de las reformas.
“Insisto, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la decisión definitiva, sabiendo que uno de los análisis actuales de la situación indica que es posible perviva la norma aprobada por el Congreso estatal. Como siempre lo he sostenido en mi carácter de secretaria de Gobernación, seguiré siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado”, explicó.
Desde el viernes 1 de noviembre, Olga Sánchez Cordero ha estado en el centro de las críticas y cuestionamientos de diversos actores políticos, líderes de opinión y usuarios de las redes sociales, quienes han señalado cinismo, incongruencia, ineptitud y ridiculez tras la difusión del video en el que la ministra en retiro festejó la legalidad de la Ley Bonilla.
En el marco de la toma de protesta de Jaime Bonilla, como gobernador de Baja California, Olga Sánchez Cordero acudió con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador y mostró dos rostros en torno a la extensión del periodo de gobierno del mandatario local. Primero, en una entrevista con medios de comunicación de la entidad, respondió que la Suprema Corte determinará la constitucionalidad o no de la Ley Bonilla.
“Yo no puedo estar o no de acuerdo, el Congreso emite la norma y el Tribunal constitucional va a resolver”, respondió en una declaración pública.
Sin embargo, cuando estaba en una recepción encabezada por Jaime Bonilla, la responsable de la política interior festejó la legalidad de las reformas:
“Acabo de hacer una declaración muy importante; me dijeron ¿es legal por cinco años? (la toma de protesta por cinco años). Es legal porque la norma está vigente y porque hay una norma que así lo dice”, comentó en el encuentro privado.
El 1 de noviembre asumió la gubernatura de Baja California el empresario y candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jaime Bonilla, lo que representó el fin de 30 años de gobiernos afines al Partido Acción Nacional (PAN).
La alternancia política en México inició en las elecciones estatales de Baja California de 1989, cuando Ernesto Ruffo se convirtió en el primer gobernador que no militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino en el PAN. Desde entonces, el PRI no ha ganado alguna otra elección de gobernador en la entidad.
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