
La Secretaría de Gobernación (Segob) solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) , y a la Guardia Nacional (GN), realizar operativos para evitar que los prestadores de servicios inscritos en las plataformas como Uber y Cabify carguen pasaje en aeropuertos del País.
“Se acordó que la Secretaría de Gobernación coordinará solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Guardia Nacional o equivalente, acciones en zonas federales para realizar operativos de revisión en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal”, consignó un comunicado de prensa de la Segob.

De esta manera, sólo los taxis concesionados por la SCT, con placa y permiso federal, podrán cargar pasaje en los aeropuertos y zonas federales.
Durante el encuentro que este marte sostuvieron los integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas (MNT) con funcionarios de la Segob, la dependencia se comprometió a solicitar la intervención de policías de la Guardia Nacional y verificadores de la SCT para realizar operativos.

Los miembros del MNT insisten en considerar “ilegal” y una competencia “desleal” que los conductores registrados en las plataformas de Uber y Cabify atiendan las solicitudes de transporte de los usuarios y transeúntes de las zonas federales.
Durante la reunión, el subsecretario de Gobierno de la Segob, Ricardo Peralta, propuso la realización de un foro nacional en materia de movilidad, el cual permitirá la elaboración de un documento con propuestas, para homologar criterios en la regulación del transporte público concesionado y servicios en aplicaciones digitales.
En el encuentro, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anticiparon que trabajan en un diagnóstico, en el que analizan el servicio del taxi y la comparación con el funcionamiento de las plataformas digitales. Dicho análisis será el punto de partido del marco normativo que se presentará a los gobiernos estatales.
El subsecretario Peralta comentó que a partir de la propuesta de Sedatu, las autoridades de los gobiernos locales podrán incorporar proposiciones diversas y trabajar en una ruta legal que culmine en la redacción de una iniciativa legislativa, que aplique a todos los estados del país, garantizando soluciones concretas, sin visiones cortoplacistas.
En el seguimiento a los trabajos realizados hace un par de semanas, participaron Waldo Fernández, titular de la Unidad de Gobierno; Sonia Salazar, titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales; y Emilio Saldaña, titular de la Unidad de Enlace.
Así como representantes de la Sedatu, de la SCT, y de las Secretarías de Movilidad de la Ciudad de México y del Estado de México.
El 7 de octubre pasado, miles de taxistas paralizaron a la Ciudad de México, al bloquear avenidas importantes como Paseo de la Reforma, Avenidad de los Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Circuito Interior y Viaducto Río de la Piedad, así como la entrada de la carretera Toluca-México.
Los taxistas exigieron a los gobiernos federal y de la Ciudad de México impedir la operación de los servicios que ofrecen aplicaciones digitales, en materia de transporte de pasajeros.
El caos vial obligó al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, a establecer una reunión de emergencia con los integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas, en la que también participó la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez. Ese día se recordó que la Secretaría de Movilidad de la capital tenía la puerta abierta al diálogo con las agrupaciones de taxistas.
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