México y la mayoría de los países de América Latina han encontrado en las estrategias de prevención del lavado de dinero (PLD) la más importante herramienta para combatir las dos más importantes amenazas a la seguridad nacional de estos Estados: la corrupción y la delincuencia organizada transnacional.
En los últimos años hemos presenciado cómo escándalos vinculados con acciones de soborno por parte de empresas transnacionales o actos de corrupción han logrado que más de una docena de ex presidentes, vicepresidentes y ministros de América Latina sigan procesos legales, inclusive con penas de privación de la libertad. En Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú se están llevando investigaciones de inteligencia financiera y judicialización de casos de corrupción. En la mayoría de estos casos se han logrado identificar acciones de lavado de activos provenientes de recursos de procedencia ilícita.
Hay varios factores que han motivado esta enorme lista de políticos y empresarios que están sujetos a procesos judiciales en su contra. El primero es que el combate a la corrupción y a la impunidad política ha sido la principal bandera en las últimas elecciones en la región. Las transiciones de poder entre gobiernos de diferentes partidos están rompiendo con los pactos de impunidad que habían permitido sobornos por parte de empresas.
La segunda tendencia que vemos es la mayor independencia de las fiscalías especializadas en investigar los delitos de corrupción y congelamiento de activos, así como de los jueces y magistrados. La independencia con la están actuando fiscales y jueces en la región es particularmente esperanzador en países como Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú.
La tercera ola que vemos en América Latina es el mayor compromiso de los ministerios de Finanzas para reforzar sus Unidades de Inteligencia a partir de la presión que significa ser país miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los países están en observación permanente sobre el cumplimento de las 40 recomendaciones que componen el más importante estándar que también siguen las empresas para PLD.
Por ejemplo, para el caso de México la UIF presentó en septiembre de este año los resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos en la antesala de la Evaluación Mutua de México frente al GAFI para revisar sus avances en materia de PLD y financiamiento al terrorismo. En los primeros nueve meses de esta administración se han realizado 133 bloqueos de cuentas por 4.3 mil millones de pesos y 39.1 millones de dólares. Asimismo se ha informado a instancias judiciales y administrativas que 202 personas presuntamente han realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Falta mucho por hacer en México y América Latina pero se camina por la ruta correcta.
*Director parar América Latina, Crímenes Financieros y Cumplimiento de LexisNexis® Risk Solutions
Lo aquí publicado es el responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio
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