
Contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas es uno de los objetivos que tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con la creación de la herramienta Ecosistema Nacional Informático en Pro de la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Este viernes, el organismo firmó un convenio con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para que en el primer trimestre del próximo año empiece operar este instrumento, mismo que será usado por investigadores para recabar, producir y analizar información sobre personas desaparecidas.
El acercamiento con la CNB para crear esta plataforma comenzó en marzo y actualmente trabajan en ella 40 colaboradores de cinco Centros Públicos de Investigación entre los que destacan el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), el Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre otras.
La forma en que el Ecosistema va a operar será a partir de la investigación de tres periodos en la historia del país: la llamada Guerra Sucia, a partir de la década de los 60; el inicio de la guerra contra el narcotráfico hasta 2018; y el último abarcaría las denuncias que existen actualmente.

De acuerdo con una entrevista que Animal Político le hizo a Paola Villareal, coordinadora de Proyectos de Ciencia de Datos del Conacyt, uno de los primeros trabajos que se tienen en mente con esta herramienta es la digitalización de los expedientes de la Guerra Sucia.
A partir de esa información los científicos del Cimat elaborarían algoritmos para detectar y procesar imágenes a partir de las cuales se pueda, por ejemplo, reconocer sellos que haya en los documentos, lo cual podría dar pistas sobre paraderos de personas.
Uno de los retos al que se enfrentan con esta iniciativa es el de reunir y homologar la información proveniente de diversas fuentes. Después de eso, el siguiente paso sería procesar los datos y relacionarlos con otras bases para al final crear una visualización de esa información de manera accesible.
El convenio se realizó en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y al respecto, Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt, enfatizó que se trata de una iniciativa del Estado que busca resarcir las heridas sociales para regenerar el tejido comunitario de paz y justicia social.

"Como científicas y científicos ofrecemos nuestras herramientas y capacidades articuladas con las de otras áreas de gobierno para sumar esfuerzos y agotar todas las vías a nuestro alcance para acompañar y ayudar en esta tarea", dijo durante el evento.
Por su parte, Paola Villareal detalló que también que además de la labor de los Centros Públicos de Investigación se buscará la colaboración de las universidades para esta tarea de gestión de datos e información científica de forma social.
Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, también mostró su apoyo a este proyecto que involucra a arqueólogos forenses, pues "se debe llenar de sentido la frase 'no están solos' que repetimos a familiares de los desaparecidos y hacer posible que la ciencia y la tecnología también estén al servicio de quienes han perdido a un ser querido".
En enero de este año la cifra oficial de personas desparecidas era de 40.180 personas, sin embargo, ese dato correspondía a abril del 2018, por lo que la base de datos se actualizará a finales de septiembre, según lo dicho por Quintana.

Ese repositorio será una nueva versión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el cual estaba a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero que ahora será responsabilidad de la CNB.
Debido a ese cambio de organismo a cargo fue que se le pidió a todas las Fiscalías del país que proporcionaran datos de una manera homologada; además, se descartarán duplicidades en el caso de que las personas de una familia busque a su ser querido en más de un estado.
Otro punto destacado sobre este nuevo Registro es que la base de datos se abrirá a recibir denuncias ciudadanas de desaparición, por lo que ya no habrá necesidad de que exista una carpeta legal para integrar el nombre de una persona al registro.
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